En riesgo millonaria licitación que entregará la Fiscalía para adquirir sistema de verificación de identidad

A la Fiscalía General de la Nación se le podría enredar la adjudicación que tendrá que entregar en las próximas horas, para adquirir un sistema multibiométrico integral forense que permita la verificación de identidad, para el cuerpo técnico de investigación (CTI).

Esto después de que el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, le envió un documento de 16 páginas al director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo, alertando una serie de inconsistencias detrás del millonario contrato avaluado en casi 38.000 millones de pesos.

El documento entregado el pasado 27 de octubre, describe que detrás de ese millonario negocio existiría una posible vulneración a los principios de legalidad, transparencia, planeación y una afectación a la libre concurrencia.

Esto después de que el director ejecutivo de la Fiscalía explicó que el complemento que tuvo dicho contrato, tenía como “único propósito ajustar el cronograma y permitir la subsanación de documentos no requeridos oportunamente”.

Pero la Procuraduría explicó que esa “adenda” se produjo una vez vencido el término de traslado del informe de evaluación, lo que implica “a la reapertura material de una fase del procedimiento, circunstancia en virtud de la cual persisten las observaciones sobre la validez del mecanismo utilizado para subsanar una particularidad que debió ser advertida y requerida en la oportunidad correspondiente”.

Esta situación afectaría el principio de responsabilidad, a pesar de que el ente investigador explicó que dicha adenda se expidió bajo el decreto 1082 de 2015, que permite a las entidades públicas a expedir ese tipo de mecanismos para modificar el cronograma.

“La modificación que realizó la Dirección Ejecutiva versó sobre etapas que ya habían vencido y cuyo plazo ya se había agotado, más no sobre etapas pendientes de ejecutar, luego, lo que sucedió fue que se revirtió el proceso de contratación nuevamente a la etapa de evaluación“, explicó la Procuraduría sobre la adenda al contrato.

El ente de control advirtió que la actuación de la Fiscalía habría excedido el ámbito normativo, posiblemente vulnerando los principios de legalidad y transparencia, y argumentar esa actuación como la aplicación de una circular externa expedida por Colombia Compra Eficiente, no puede modificar ni suprimir los efectos jurídicos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La Procuraduría también alertó que la Fiscalía concedió, conforme a su criterio, un plazo de dos días para “subsanar” el contenido del segundo informe, lo que dejaría en evidencia una “aplicación parcial y selectiva de la normatividad” para ese contrato, lo que afectaría la seguridad jurídica del proceso.

El documento firmado por el procurador Melgosa también destaca que “ninguna norma del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública faculta a las entidades para incorporar dentro de sus procesos de selección una fase denominada “término para subsanar y/o aclarar el segundo informe”.

La Procuraduría también detalló que la muestra de empresas que refirió la Fiscalía para establecer los indicadores financieros del contrato, no se encuentra ninguno de los documentos previos publicados en Secop II, lo que pudo impedir un debate sobre la forma como se establecieron esos indicados y presentar observaciones al respecto.

Con todas esas inconsistencias a flor de piel, el procurador Marcio Melgosa le pidió al director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo, que revoque la millonaria licitación que se debería entregar en las próximas horas, para que ajuste todos los riesgos que habría detrás del millonario contrato. Pero ¿qué va a pasar con la herramienta de verificación de identidad que necesita el CTI?

Conozca el documento que le envió la Procuraduría a la Fiscalía: