Empresa Soporte Vital acepta que pagó a magistrado para obtener fallos judiciales favorables

La situación judicial del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista se tiende a complicar. Mientras el togado espera su llamado a juicio, al parecer, en detención domiciliaria, el representante de la firma Soporte Vital, que comercializa equipos biomédicos, aceptó los cargos de la Fiscalía por haber pagado para conseguir fallos judiciales en su favor. Las cuestionadas decisiones judiciales emanaron del despacho de Vargas. 

William Rojas Mazo había sido citado ante un juez de Paloquemao para imputarle el delito de cohecho por dar u ofrecer, así como dictarle medida de aseguramiento. Al estar sentado en el banquillo de los acusados, Rojas Mazo se convirtió en el primero de los señalados de corrupción judicial en admitir su responsabilidad. 

En contexto: 

Según el expediente, Soporte Vital tiene tres pleitos contra el Hospital de Ubaté, todos con una relación cercana al despacho de Vargas en el Tribunal. En particular dos de estos procesos llaman la atención, pues sumados le costarían al centro asistencial de segundo nivel unos 12.000 millones de pesos. Sin duda, los pleitos podrían poner en jaque las finanzas del hospital público, cuyo presupuesto para funcionamiento no supera los 30.000 millones de pesos al año. 

El primer pleito está relacionado a una medida cautelar emitida en el marco de un proceso ejecutivo cuyo valor asciende a 3.360 millones de pesos y está en etapa de embargos. El segundo, está en apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, luego de que la entidad pública fuera condenada por el tribunal a pagar 9.000 millones de pesos en un litigio contractual. 

Según la Fiscalía, antes de fallar este segundo caso, el magistrado habría hablado con Rojas Mazo para recomendarle que cambiara de abogado en el caso. Puntualmente, recomendó en el 2014 contratar como defensora a Kelly Andrea Eslava. Esta abogada había sido judicante de Vargas y era su compañera sentimental.

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La Fiscalía documentó pagos por alrededor de 200 millones de pesos a través de la abogada, que después fueron enviados a la cuenta de Aldemaro Vargas, un familiar del magistrado. Este último habría sido el encargado de entregarle el dinero a Vargas. Ni Eslava, ni Aldemaro Vargas aceptaron los cargos del ente acusador, no obstante, el representante de la firma Soporte Vital sí lo hizo.

"Los procesos que decidió el despacho del magistrado Vargas estuvieron viciados. Aparte de que tenía que declararse impedido y no lo hizo, se está demostrando que sí hubo plata de por medio", indicó el abogado Ebert Estupiñán, quien representa los intereses del Hospital de Ubaté. 

El magistrado Vargas también está siendo procesado por supuestamente recibir dinero para fallar una demanda de reparación directa condenando al Acueducto de Bogotá a pagar 65.000 millones en favor de particulares. La decisión sancionaba al Distrito por no comprar el terreno que conforma el humedal Jaboque, el cual se hizo creer que salió de manos del Estado tras una larga cadena de falsa tradición.

A pesar de muchas irregularidades que se estaban discutiendo en otra instancia y con la oposición del Distrito, el magistrado emitió la millonaria sanción. En este caso también intervino Eslava como abogada de Jorge Enrique Cortés Rojas, un particular beneficiario de la millonaria reparación.

En contexto: 

Antes de salir a vacancia judicial en diciembre, Vargas fue cobijado con detención domiciliaria para que responda por once cargos que le imputa la Fiscalía. No obstante, el Inpec sostiene que hasta ahora no ha sido notificado de la medida restrictiva de la libertad, lo que ha impedido que haga labores de vigilancia sobre el jurista. Esta situación no deja de de ser desconcertante. Frente a la gravedad de la situación, los montos en cuestión y la calidad del principal implicado, es inamisible que las autoridades desconozcan su paradero.