Judicial
Emiten orden de captura en contra del empresario corrupto Emilio Tapia
La decisión se tomó tras revisar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió orden de captura en contra del empresario corrupto Emilio Tapia Aldana, condenado por el escándalo de corrupción en la ejecución del contrato de Centros Poblados.
La decisión se tomó tras la apelación presentada por la Procuraduría General contra de la decisión emitida el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.
Este viernes, 10 de octubre, el juzgado de Bogotá les ordenó a las autoridades ubicar y capturar al empresario corrupto.
“Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec”, señala la decisión de 25 páginas.
“Una vez se produzca su aprehensión, el sentenciado deberá ser puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla”, enfatiza otro de los apartes.
El juzgado fue claro al indicar que en contra de esta decisión no procede recurso alguno. Es decir, debe cumplirse de manera inmediata.
En diciembre de 2024, un juez de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo que firmó Tapia con la Fiscalía General y lo sentenció a seis años y cuatro meses de cárcel.
Esto se dio debido a que Tapia aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
En la negociación, el contratista se comprometió a ser testigo de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos penales que se adelantan por este caso de corrupción. Sin embargo, todos los involucrados a la fecha han firmado preacuerdos o principios de oportunidad con el ente investigador, por lo que no se están adelantando juicios.
En esa oportunidad, el contratista, oriundo de Sahagún, reconoció públicamente que había firmado un preacuerdo con el fin de “obtener pronta justicia”.
Igualmente, por medio de su defensa, presentó su plan para reintegrar 5.063 millones de pesos, dinero del que se apropió de manera ilegal del anticipo que le envió el Ministerio de las TIC para la compra de equipos de cómputo y elementos para lograr la conectividad a internet en escuelas de zonas apartadas del país.
Según la Fiscalía General, actuó bajo las sombras para quedarse con el billonario contrato. Para esto, contactó a un grupo de empresarios para que conformaran la Unión Temporal Centros Poblados y así participar en el proceso licitatorio de 2019.
Dicha Unión Temporal entregó pólizas falsas de reconocidos bancos para respaldar ante el MinTIC la oferta. Con estos documentos, eran la única parte interesada que cumplía con todos los requisitos de la licitación.
El Ministerio les otorgó un anticipo de 70.000 millones de pesos. La investigación certificó que el contratista recibió 6.182 millones de pesos.
De este dinero, Tapia realizó una repartición de la siguiente manera: 1.118 millones de pesos para los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos, como indican las pruebas documentales, se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).
El excedente, cercano a los 5.063 millones de pesos, fue utilizado por el contratista para la compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta, préstamos y honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del billonario contrato.
