Emilio Tapia, el contratista condenado por Centros Poblados, quedó en libertad condicional

En las últimas horas, quedó en libertad el contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los principales protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá y el escándalo de Centros Poblados.

El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que, tras hacer una revisión, se encontró que no existía ningún otro requerimiento judicial en contra del contratista, quien se encontraba privado de su libertad desde septiembre de 2021.

De esta forma, Tapia Aldana salió de la penitenciaria de El Bosque, en la ciudad de Barranquilla. Fuentes cercanas señalaron que el empresario firmó un documento para atender los requerimientos de las autoridades judiciales.

Esto en atención a un fallo emitido el pasado 28 de marzo por el Juzgado primero de ejecución de penas de Barranquilla, que determinó que ha cumplido las tres quintas partes de su sentencia.

Igualmente, que ha presentado un comportamiento “ejemplar” en la cárcel, realizando actividades de “resocialización”.

En diciembre pasado, un juez de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo que firmó Tapia con la Fiscalía General y lo sentenció a seis años y cuatro meses de cárcel.

Esto, debido a que Tapia aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.

En la negociación, el contratista se comprometió a ser testigo de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos penales que se adelantan por este caso de corrupción. Sin embargo, todos los involucrados a la fecha han firmado preacuerdos o principios de oportunidad con el ente investigador, por lo que no se están adelantando juicios.

En esa oportunidad, el contratista, oriundo de Sahagún, reconoció públicamente que había firmado un preacuerdo con el fin de “obtener pronta justicia”.

Igualmente, por medio de su defensa, presentó su plan para reintegrar 5.063 millones de pesos, dinero del que se apropió de manera ilegal del anticipo que le envió el Ministerio de las TIC para la compra de equipos de cómputo y elementos para lograr la conectividad a internet en escuelas de zonas apartadas del país.

Tapia fue uno de los principales protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Según la Fiscalía General, actuó bajo las sombras para quedarse con el billonario contrato. Para esto, contactó a un grupo de empresarios para que conformaran la Unión Temporal Centros Poblados y así participar en el proceso licitatorio en 2019.

Dicha Unión Temporal entregó pólizas falsas de reconocidos bancos para respaldar ante el MinTIC la oferta. Con estos documentos, eran la única parte interesada que cumplía con todos los requisitos de la licitación.

El Ministerio les otorgó un anticipo de 70 mil millones de pesos. La investigación certificó que el contratista recibió 6.182 millones de pesos.

De este dinero, Tapia realizó una repartición de la siguiente manera: 1.118 millones de pesos para los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la Unión Temporal. Estos movimientos, como indican las pruebas documentales, se hicieron en dólares con destino a Miami, Estados Unidos.

El excedente, cercano a los 5.063 millones de pesos, fue utilizado por el contratista para la compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta, préstamos y honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del billonario contrato.