Nación
ELN levantó paro armado en Chocó tras tres días de bloqueos que afectaron a más de 32 mil personas
El grupo armado ilegal justificó la imposición del paro como una medida de protección a la población civil frente a los enfrentamientos que sostiene con el Clan del Golfo.
Después de tres días de confinamiento forzado y bloqueo total a la movilidad, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó en la madrugada del lunes, 5 de mayo, el paro armado que impuso desde el pasado 2 de mayo en el departamento del Chocó.
La medida había dejado incomunicadas a varias comunidades ribereñas, restringido el tránsito fluvial y terrestre, y generado una alarmante crisis humanitaria que afectó directamente a más de 32.000 personas.
El grupo armado ilegal justificó la imposición del paro como una medida de protección a la población civil frente a los enfrentamientos que sostiene con el Clan del Golfo, grupo con el que disputa no solo el control territorial, sino también las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas en la región del Pacífico colombiano.
Durante los días de paro, el ELN prohibió cualquier tipo de movilización en los alrededores del río Baudó y sus afluentes, y amenazó con represalias a quienes desobedecieran la orden.
La guerrilla denunció públicamente lo que considera invasiones sistemáticas de grupos paramilitares en esta subregión del Chocó, acusándolos de cometer todo tipo de abusos: desde agresiones físicas, amenazas, saqueo de bienes comunitarios y disparos indiscriminados, hasta presuntos casos de abuso sexual y uso de drogas en presencia de menores de edad.
A pesar de que el ELN afirmó que su intención era proteger a las comunidades, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos alertaron sobre graves vulneraciones cometidas durante el paro.
En muchos casos, el confinamiento forzado impidió el acceso a servicios básicos, atención médica y actividades escolares, generando un fuerte impacto psicológico y social en la población.
La guerrilla cumplió con su anuncio y levantó formalmente la medida a las 12:00 a. m. del lunes 5 de mayo, aunque el temor persiste entre los habitantes.
Líderes comunitarios advierten que la militarización de la vida cotidiana y la amenaza constante de los grupos armados ilegales siguen siendo una realidad que afecta la autonomía, la seguridad y la dignidad de quienes habitan estos territorios históricamente olvidados por el Estado.
Mientras tanto, el Gobierno nacional no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera una evaluación por parte de la Defensoría del Pueblo y organismos de verificación de derechos humanos.
Las organizaciones sociales exigen que el Estado intervenga de manera integral para garantizar la presencia institucional en la región y proteger efectivamente a la población civil de la violencia armada.
