Judicial
El urgente llamado de la Procuraduría para la efectiva prestación de los servicios públicos
Esto ante las constantes quejas de los usuarios y el aumento de reclamos ante las autoridades judiciales.
Después de certificar el considerable aumento de las quejas de usuarios por las fallas en la prestación de los servidores públicos, la Procuraduría General le hizo un llamado urgente a los prestadores con el fin que tomen medidas urgentes para garantizar la calidad y continuidad.
En un documento firmado por el procurador General, Gregorio Eljach, se le recordó a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, recordándoles su deber legal de asegurar la prestación continua, con calidad y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Para el jefe del Ministerio Público, esta acción preventiva está dirigida a evitar los riesgos que puedan afectar “a las comunidades y comprometer la gobernanza territorial”. Por esto, pidió que revisen la forma en cómo se están prestando el servicio, las quejas allegadas y los canales de comunicación para atender al usuario.
Igualmente, la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial recordó lo dicho por la Ley 142 de 1994 que establece que los prestadores están obligados a “suministrar agua potable con Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) entre (0 y 5%)” y “mantener índices de continuidad del servicio de acueducto satisfactorio o suficiente entre 18 y 24 horas”.
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Citando lo dicho por la normatividad, el Ministerio Público recordó la obligación de que los prestadores de servicios desarrollen “la operación del servicio de aseo de manera que se minimicen sus impactos, especialmente la dispersión de residuos en la vía pública, garantizando su prestación conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y evitando riesgos para la salud pública”.
La acción preventiva, se advierte, tiene como objetivo evitar la comisión de irregularidades que puedan generar consecuencias legales y administrativas, comprometer la gobernanza territorial y afectar el bienestar de los ciudadanos, y promueve el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El organismo de control disciplinario reconoció los esfuerzos institucionales que se han venido realizando, pero reiteró la necesidad de fortalecer las acciones para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
