“El presidente (Petro) tiene un ejercicio que descalifica a la Rama Judicial permanentemente”, afirmó el presidente del Consejo de Estado

La tensión entre el Consejo de Estado y el presidente de la República, Gustavo Petro, no solo es permanente, sino que se ha mantenido en aumento por el incumplimiento y cuestionamiento de parte del primer mandatario a las decisiones que toma en derecho el alto tribunal.

La última de ellas fue justamente la decisión de transmitir en directo el consejo de ministros, planteándolo —de forma inexplicable— como una alocución presidencial, aun cuando el Consejo de Estado ya había prohibido esas transmisiones.

La situación es tensa y el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se refirió a los hechos: “El presidente tiene un ejercicio que descalifica a la Rama Judicial permanentemente, nosotros estamos diciendo que los jueces estamos para defender la Constitución y la ley”.

El magistrado Álvarez fue claro, para evitar malas interpretaciones o señalamientos insistió en que en las decisiones del Consejo de Estado “no hay una agenda política de ninguna naturaleza ni un ataque al gobierno, porque es lo que menos le asiste a la Rama Judicial”.

Consejos de ministros

Justamente, el presidente del Consejo de Estado se refirió a la forma en que el mandatario disfrazó el consejo de ministros de alocución presidencial.

“Ese es un tema que hay que evaluar, la alocución presidencial tiene unos elementos que le caracterizan como la inminencia, la urgencia y la necesidad”, afirmó el magistrado Álvarez.

Por eso, el presidente del Consejo de Estado aclaró que “el consejo de ministros es un ejercicio distinto en el que se discute política, pero no necesariamente de interés nacional. Esta será una temática que le corresponderá evaluar al juez”.

Informó el magistrado que hay mecanismos o vehículos judiciales para determinar si el fallo de tutela fue desatendido.

“Existe en el régimen de la tutela el mecanismo del desacato. El propio juez, si se plantea una solicitud en esa materia, podrá decidir y puede llegar a concluir si se desatendió la tutela, y en ese orden, proceder a lo que el estatuto señala: hay unas consecuencias jurídicas que están dadas, son de tipo pecuniario y, en el peor de los casos, un arresto de la autoridad”, explicó.

La puja es compleja y aunque el presidente en su posición juró respetar la Constitución y la ley, tanto con esta tutela que frenó los consejos de ministros televisados, como con las rectificaciones por calumnias publicadas en su red social X, les ha hecho el quite a las normas y a las sentencias judiciales.