Nación
El pleito por un millón de batas que compró la UNGRD en pandemia y terminó quebrando a una empresa. Esta es la historia
SEMANA conoció la demanda que llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la Unidad de Gestión del Riesgo y la Fiduprevisora.

Además del escándalo de corrupción que ha tenido que enfrentar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante la administración de Gustavo Petro, a esa entidad le tocará enfrentar una millonaria demanda que interpuso una empresa colombiana por un controvertido contrato que se firmó en el año 2020.
SEMANA conoció esta historia que arrancó en junio de 2020, pocos meses después de que en Colombia se declaró la pandemia por el covid-19 y el mundo vivía uno de sus momentos más álgidos para la humanidad. En ese momento, la empresa Majosum S.A.S, dedicada al calzado y las confecciones, firmó un contrato por más de 14.000 millones de pesos para entregar más de un millón de batas antifluidos.

El negocio estipuló que 30 días eran suficientes para que la UNGRD recibiera las batas, un elemento que se convirtió en la protección del riesgo de contagio por el que atravesaba el planeta. En esa misma fecha, la compañía comenzó a confeccionar las batas, pero solo fue hasta el 11 de agosto, es decir, 15 días después de la firma del contrato, que pudo dar inicio a las labores de entrega.
Ya había pasado el 50 % del tiempo que se estableció para la entrega de las batas, cuando apenas se había recibido la primera cantidad de los elementos. La demanda conocida por esta revista detalla que “la entidad (UNGRD) no poseía la capacidad de recepción de la totalidad de las batas adquirir, motivo por el cual, aún fuera del plazo contractual, la supervisión autoriza recepción por fuera de este”.
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Pero en medio de la pandemia que vivía el mundo, los problemas que sentía el mercado y los obstáculos que empezaron a sentir sectores productivos como el de la confección, Majosum solicitó el 19 de agosto de ese mismo 2020, una prórroga del contrato en razón a las dificultades que tuvo en el proceso de producción.
La UNGRD no respondió y a la empresa colombiana le tocó radicar una segunda solicitud de prórroga del contrato, pero el 26 de agosto de 2020 tuvieron que acudir a una reunión por el bajo porcentaje de batas entregadas, que derivó en una extensión inmediata del contrato hasta el 7 de septiembre, pero la demanda advierte que esa situación se dio a pesar de que desde la Unidad de Gestión no era posible recibir todas las prendas médicas.

Sin embargo, la compañía colombiana siguió produciendo el total de elementos contratados hasta que la supervisión de dicha licitación les abrió un proceso sancionatorio por incumplimiento de las entregas, por lo que Majosum ofreció 10.000 batas adicionales como compensación y reiteraron entregar todas las batas fabricadas.
“El 07 de diciembre de 2020, nuevamente manifiesta su intención de superar la controversia a través de la entrega de las batas conforme a necesidad de la Entidad, escrito que presenta basada en que dicha necesidad superaba el número de batas faltantes por entregar en virtud del contrato 667-2020″, dice la demanda.
Pero el problema arrancó el 1 de febrero de 2021, cuando la UNGRD firmó un acta de arreglo directo reduciendo el número de batas sin explicación alguna, pero la representante de la firma suscribió ese acuerdo “bajo de la convicción” de que después iban a ser recibidas las prendas que ya se había producido.
El 30 de junio de 2021, la representante de la empresa trató de buscar un segundo arreglo para recibir las batas que seguían en sus bodegas, pero tuvo que esperar casi un año para radicar un derecho de petición tratando de buscar algún tipo de respuesta; la demanda detalla que la UNGRD ya había suscrito otro contrato con otro proveedor que disminuían la necesidad de dichos objetos.
El 23 de agosto de 2022 se cerró el proceso administrativo contra Majosum, sin embargo, el arreglo directo de un año atrás no contempló la entrega de las batas que hacían falta por entregar, pero la cual se firmó con la “convicción” de que se iban a entregar todos los elementos producidos.
Por eso, la demanda alerta: “La falta de respuesta oportuna a las solicitudes de prórroga, los errores de la supervisión, la ausencia de respuesta de los derechos de petición, la transgresión al principio de planeación en la parte precontractual del contrato y la afectación del acta de arreglo directo por vicios del consentimiento rompió el sinalagma del contrato y causó graves perjuicios a nuestra empresa que es 100% nacional y que se ve en grave riesgo por las sumas invertidas en un momento crisis económica”.

La empresa colombiana afectada ahora pide que se declare nulo el acta que se firmó en 2021 por “ser lesiva (...) toda vez que la misma no contempló la totalidad de los bienes que debía entregar” y que se proceda a la recepción de las batas restantes que suman el millonario monto de casi 5.0000 millones de pesos.
Majosum también aclaró en la demanda: “En el evento de que la Entidad no tenga la necesidad de recibir los bienes objeto de la compraventa y consecuencialmente del acta de arreglo directo, se proceda al reconocimiento y pago a título de indemnización de la suma de $4.919.436.800”.
Dentro de la demanda allegaron pruebas como el oficio de la compañía, demostrando que estaban en la capacidad entregar todos los elementos, las solicitudes de prórroga dirigidas a Víctor Mora, el supervisor del contrato, las manifestaciones de conciliación y las solicitudes para que recibieran la totalidad de lo confeccionado.
¿Qué responde la UNGRD y la Fiduprevisora?
SEMANA conoció la respuesta que entregó la Fidruprevisora al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente a los casi 5.000 millones de pesos que está solicitando la compañía colombiana que terminó en quiebra, después de hacer el millonario negocio que no se concretó en cuanto a la entrega del millón de batas acordado inicialmente.
Desde esas entidades afirmaron: “No hay lugar por parte de mi representada al reconocimiento pretendido, toda vez que no puede desprenderse de los hechos narrados que mi mandante deba salir al reconocimiento y pago de obligación alguna”.
El documento de 131 páginas firmado por la abogada Xiomara Perilla, apoderada de la Fiduprevisora, también aclaró que la UNGRD es la ordenadora del gasto en este caso, por eso “es responsable de la probidad y cumplimiento de la ejecución y supervisión de los contratos celebrados”.
La representante de esa entidad se opuso a que se condene a esa entidad por las pretensiones de la demandante, argumentado que tampoco es la beneficiaria de las batas antifluido, que son el epicentro de esta controversia. Por ahora la UNGRD no ha intervenido dentro del proceso y al Tribunal de Bogotá le tocará decidir qué hacer con esta polémica que dejó en la quiebra a una empresa de la industria colombiana.