El megacontrato de 130 millones de dólares para llevar agua a La Guajira, que terminó embolatado. La Fiscalía acusó a un exgobernador

El agua en La Guajira se convirtió en la fuente de corrupción del departamento. Ocurrió hace una década y con un multimillonario contrato destinado al plan de aguas en esta zona del país, más de 130 millones de dólares destinados a calmar la sed de las comunidades y se repitió con el vergonzoso escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y sus famosos carrotanques.

Por el primero la Fiscalía acaba de formalizar la acusación en contra del exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado. Según el ente acusador, el entonces mandatario omitió su deber de supervisión, control y vigilancia sobre un contrato suscrito en 2010, y así, permitió que avanzara en medio de múltiples anomalías.

“Los hechos que se le atribuyen ocurrieron durante el periodo en el que ejerció el cargo, entre 2008 y 2011. En su momento asumió la contratación del Plan de Aguas del Departamento por cerca de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones de dólares provendrían de un préstamo del Banco Mundial y 40 millones de dólares corresponderían a recursos públicos”, señala la Fiscalía.

El préstamo para la inversión en el departamento de La Guajira saldría del Banco Mundial en un contrato multimillonario que exigía unos requisitos, dos cartas, que al final no se cumplieron y por tanto no se hizo el desembolso, sin embargo, de acuerdo con la investigación de la fiscalía, el entonces gobernador siguió adelante con la contratación y con recursos de regalías.

“Para garantizar el desembolso de los dineros la Gobernación de La Guajira debía seguir el proceso contractual en los términos fijados por la institución financiera internacional y recibir dos cartas, una de aprobación de los pliegos de condiciones y otra de no objeciones para la suscripción del contrato”, explicó la Fiscalía.

El contrato que terminó desembolsando recursos de regalías, se firmó por más de 5.700 millones de pesos, pero bajo la misma modalidad que se pretendía con los préstamos del Banco Mundial. En otras palabras, se incumplieron los requisitos legales para la celebración de este tipo de contratos, particularmente cuando el dinero proviene de fuentes públicas.

“La administración departamental no recibió el segundo documento que daba aval a la contratación; sin embargo, el entonces gobernador ordenó seguir adelante con el proyecto y disponer de recursos de regalías para garantizar la asignación presupuestal. En ese contexto, fue celebrado el contrato 295 del 30 de diciembre de 2010, por 5.786 millones de pesos, para el mejoramiento de tramos del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha (La Guajira)”, dijo el ente acusador.

La acusación se hizo ante la Corte Suprema de Justicia. Se espera que en los próximos meses se fijen las fechas para adelantar el juicio en contra del exgobernador y en criterio de la fiscalía obtener una condena en su contra.