El informe que revela las presiones de la JEP a militares para que acepten cargos: “Se les vulnera el debido proceso”

Día tras día persisten los fuertes cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hace poco, la polémica estuvo marcada por las sanciones que emitieron en contra de los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc por el caso que tiene relación con el secuestro.

Poco después, las críticas estuvieron marcadas por la falta de claridad sobre la forma en que los militares sancionados por los falsos positivos ejecutados por el Batallón La Popa iban a contribuir a la verdad y reparar a las víctimas reconocidas dentro de este expediente.

Ahora, una ONG conformada por hijos de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional puso sobre la mesa un completo informe que advierte la constante vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa de los militares en los procesos que se adelantan en esta jurisdicción conformada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Tras hacer análisis de las audiencias que se han celebrado en los últimos cinco años, la ONG Hijos de los Héroes asegura que han sido constantes las vulneraciones a los militares que se sometieron a la JEP.

En el documento de 124 páginas conocido por SEMANA se indica que al hacer una “revisión exhaustiva” de las diligencias se “identificaron momentos críticos en los que se quebrantó el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción de la prueba, el derecho de la defensa técnica y material, así como garantías del derecho internacional de los derechos humanos”.

Estas situaciones se presentaron en los casos que se adelantan contra los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero, Mario Montoya Uribe, Marcos Evangelista Pinto, así como los expedientes que investigan lo ocurrido en la Costa Caribe y Antioquia.

En otro de los apartes se manifiesta que existe una presión constante para que los militares acepten su responsabilidad para que reciban los beneficios.

“Lejos de constituirse en espacios de esclarecimiento imparcial, muchas se transforman en escenificaciones acusatorias donde la verdad parece estar determinada de antemano. El resultado es el desplazamiento del análisis jurídico hacia otro tipo de juicios políticos que comprometen seriamente el estándar de objetividad de la justicia transicional”, enfatiza el documento.

Finalmente, se indica que con este tipo de presiones y desconocimiento en la práctica de pruebas afecta la obtención de una verdad sobre lo ocurrido en los hechos materia de investigación en estos expedientes judiciales.

Esto, claramente, representa un incumplimiento a los principios de la justicia restaurativa. “Por lo anterior, no se descarta que las violaciones procesales sistemáticas a los derechos de los comparecientes militares derivarán en la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por el incumplimiento de los estándares internacionales en la aplicación de la justicia”.

“Es importante recordar que Colombia tiene claras obligaciones en virtud de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, concluye el informe al indicar que esta situación no puede seguir así, pues representa una vulneración a los principios fundamentales de presunción de inocencia.