El director de la UNP, Augusto Rodríguez, responde al retiro del esquema al exministro Juan Carlos Pinzón. “La protección no es eterna”

“La protección no es eterna, porque los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado, no son de por vida. Tengo entendido que él ya tuvo esquema en virtud del cargo, pero eso terminó hace tiempo y ya no va a funcionar”, así respondió el director de la UNP, Augusto Rodríguez, a la queja que hizo pública el exministro Juan Carlos Pinzón.

A pesar de haber sido uno de los hombres que más duro golpeó a los grupos criminales, le informaron que ya no cuenta con protección del Estado.

“He sido notificado del retiro de las medidas de seguridad por parte de la UNP, por parte del Gobierno Petro”, aseguró Pinzón en un video publicado en su cuenta de X este martes, 10 de junio.

Rodríguez ha sido controvertido por las fallas del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. El mismo presidente de la República ha dicho que se debe investigar al personal de la UNP, pues existen fallas en los protocolos del precandidato y senador.

Por las irregularidades que rodean ese atentado, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación contra Rodríguez. El abogado de la familia de Miguel Uribe, el penalista Víctor Mosquera, aseguró que en más de 23 ocasiones, el senador pidió reforzar su esquema, pero se le negaron todas.

“Esto es muy grave. Debemos identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad y solo recibía respuestas con un copy paste de lo mismo que ya le habían dicho”, afirmó el abogado Víctor Mosquera, advirtiendo que el legislador estaba en un “estado absoluto de indefensión”.

El documento de la Procuraduría señala al director de la UNP de “omitir, desde el año 2023, solicitudes presentadas por el Partido Centro Democrático de revisar, fortalecer y garantizar los esquemas de seguridad para los miembros y líderes políticos de esa colectividad, situación con la que pudo desconocer los deberes funcionales contenidos en el Decreto 4065 de 2011″.

Entre las funciones que tenía que cumplir Rodríguez, que en el caso de Uribe Turbay habría hecho caso omiso, están: “Definir las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados”.

El texto también señala que Rodríguez debía “hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, así como al manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios, y proponer las mejoras a que haya lugar”.