El dilema del hacinamiento carcelario en Bogotá: ¿qué propone la alcaldía de Galán?

La criminalidad rampante y la escasa infraestructura de centros penitenciaros han generado un creciente fenómeno de hacinamiento carcelario en el orden nacional, un tema crítico que no es ajeno a la capital del país. Como alternativa, algunos le apuestan a la justicia restaurativa, mientras que otros piden más infraestructura carcelaria y penas más duras para los delincuentes.

En Bogotá, durante los primeros tres meses de 2024, hubo 11.785 casos de violencia intrafamiliar, un 51 % más que en el mismo período de 2023. Además, en la ciudad ocurren el 40.5 % de los robos que se reportan en todo el país, con 147.666 hurtos en 2023. Con 1.227 cupos disponibles en las URI y estaciones de Policía, actualmente hay cerca de 3.000 personas recluidas, lo que representa un hacinamiento del 144 %. Las localidades más afectadas son Usaquén (740 %), Kennedy (590 %) y Bosa (503 %).

El alcalde Carlos Fernando Galán propone invertir 265 mil millones de pesos en un plan de descongestión carcelaria que incluye mecanismos de justicia restaurativa. Este programa busca promover escenarios de conciliación entre víctimas y victimarios para llegar a acuerdos que eviten el castigo del delincuente, a cambio de la reparación del daño.

El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, ha criticado duramente esta propuesta. “Los criminales, que no respetan el patrimonio, la vida ni la integridad de los bogotanos, mucho menos van a respetar un acuerdo para reparar a sus víctimas. De aprobarse esta medida, estaríamos promoviendo altos índices de impunidad y fomentando nuevas y peores olas de inseguridad”, afirmó Uscátegui.

Según el concejal, los principales beneficiados serían aquellos privados de libertad por hurto y violencia intrafamiliar, delitos con altos índices en la ciudad.

Por otro lado, el abogado Johan Andrés Montenegro defiende la justicia restaurativa propuesta por el alcalde y señala que el plan busca aliviar el hacinamiento sin liberar inmediatamente a los presos. “El componente de mentira, que creo que es el trascendental en este caso, indica que, inmediatamente aprobado el plan de desarrollo, las 1.700 personas quedarán puestas en libertad. Y no es así. No es así además porque este componente de justicia restaurativa ya existe en el país”, explicó.

Según el experto jurista, la justicia restaurativa no se trata simplemente de acuerdos monetarios superficiales, sino de un proceso integral de reparación. “Una persona que agredió físicamente en el núcleo familiar, por ejemplo, puede ser imputada y sometida a tratamiento psicológico y procesos de perdón y reparación financiera”, detalló Montenegro. Además, el plan incluye la construcción de una nueva sede de la cárcel distrital y la creación de equipos multidisciplinarios en las casas de justicia y comisarías de familia.

Precisamente, el concejal Uscátegui propone que los recursos sean destinados a la ampliación y adecuación de más infraestructura carcelaria. “Los ladrones y violentos deben ir a la cárcel y responder por sus actos. No podemos dejarlos en libertad. En Bogotá deberíamos invertir el dinero en garantizar más cupos en las cárceles y no en promover medidas de impunidad”, enfatizó el cabildante.

El sector privado también ha querido brindar soluciones a los problemas de hacinamiento y criminalidad. Las empresas de seguridad privada han manifestado su intención de proveer la infraestructura (centros penitenciarios) y el personal necesario (guardas de seguridad) para enfrentar este desafío.

Sin embargo, por ahora, parece que la apuesta de la Administración distrital será mixta, con un componente de justicia restaurativa y otro de ampliación de los cupos carcelarios, pero el problema también radica en que la ampliación y construcción de nueva infraestructura toma bastante tiempo, mientras que la criminalidad y el hacinamiento siguen en aumento.