Ejército responde a contratación de presunta falsa médica en dispensario de Bucaramanga; cinco militares activos fueron imputados por la Fiscalía

El Ejército respondió al escandaloso caso de haber contratado una falsa médica para el dispensario de Bucaramanga.

La situación fue de tan alta complejidad que la Fiscalía optó por imputar cargos contra 14 personas, entre ellos dos coroneles activos y dos en retiro, además de otro personal uniformado activo y en retiro.

SEMANA conoció que luego de varias labores investigativas de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, se estableció por parte de la autoridad que la mayor retirada Daisy Carolina Sosa Hernández se vinculó al dispensario del Ejército entre 2017 y 2022 como anestesióloga.

Al revisar su documentación, la Dijín y la Fiscalía encontraron que Sosa Hernández se postuló al cargo usando, presuntamente, información académica falsa para acreditar su experiencia universitaria.

Con este actuar, dijo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos contra los 14 implicados, la presunta falsa profesional de la salud “acreditó experiencia e idoneidad necesaria para que le fueran adjudicados contratos de prestación de servicios”.

Tras las graves acusaciones, el Ejército indicó: “En desarrollo de operaciones de Contrainteligencia Militar y como muestra de legitimidad y transparencia institucional, se efectuó, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la imputación de cargos a cinco militares activos y nueve retirados. Este proceso judicial se realizó por la comisión del presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y uso de documentos falsos, todo en el marco de una investigación penal”.

Agregó la autoridad militar: “Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta situación, la Dirección de Sanidad ha brindado total colaboración a las autoridades competentes, entregando la documentación e información necesaria para facilitar el desarrollo de la investigación”.

Para la Fiscalía, este caso fue de tan alta gravedad, que indicó que la presunta falsa médico puso en riesgo la vida de personas a las que les entregó un dictamen médico.

En los documentos de la Fiscalía y de la Dijín se señala que por estos hechos, en los que se puso en peligro la vida de los pacientes, según el ente acusador, “se advirtió un presunto actuar irregular de los funcionarios públicos, quienes por medio de maniobras engañosas y valiéndose de sus cargos y funciones, certificaron y avalaron la idoneidad de está presunta falsa médica”.