Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, salió a defender el ‘decretazo’: “El presidente sí puede hacerlo”

El recién designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió a capa y espada la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a la consulta popular vía decreto.

Para Montealegre, quien fue asesor del Gobierno en la proyección de este decretazo —según dijo en rueda de prensa en la tarde de este miércoles 11 junio—, el presidente Gustavo Petro sí cuenta con las facultades para tomar decisiones como decretar la consulta popular.

De acuerdo con su análisis, después de hundir la propuesta, el Senado tenía un plazo para responder preguntas y dudas de los proponentes; sin embargo, no lo hizo.

“El Congreso de la República no se pronunció legítimamente, de acuerdo con la Constitución, a los 30 días siguientes a la formulación de las preguntas ante el Senado. Esta inactividad, consistente en que violó la Constitución, implica que el presidente puede convocar por decreto en los ocho días siguientes la consulta popular”, explicó.

En la rueda de prensa, que se hizo en la sede del Ministerio en el centro de Bogotá, Montealegre aseguró que en total fueron cinco violaciones a la Constitución Política y al reglamento del Congreso las que se presentaron en el debate, la votación y la presentación de los resultados de parte del secretario del Senado.

“En primer lugar, el presidente de la República y sus ministros, al aplicar la excepción de inconstitucionalidad, encontró fundamentalmente cinco violaciones a la Constitución, que se derivan de violaciones al reglamento del Congreso que, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es parámetro de control de constitucionalidad”, reseñó el ministro de Justicia.

En este sentido, señaló que se presentó una omisión en la lectura de la proposición sometida a votación. “Es decir, había debido leerse una proposición que explicara qué se iba a votar en el Congreso de la República”.

“En segundo lugar, el cierre arbitrario e irrazonable de la votación por parte del presidente del Senado. En tercer lugar, la modificación del voto de uno de los congresistas tras el cierre del proceso de votación”, manifestó el ministro.

En uno de los principales cuestionamientos, Montealegre aseguró que tras revisar el acta de votación se encontró que el número de sufragios no coincidía con el número de congresistas que estaban presentes en la sesión.

“La discrepancia entre el número de senadores presentes en el recinto y los votos efectivamente emitidos. Y en quinto lugar, una omisión en el trámite de la apelación presentada contra el cierre de la votación presentada por la senadora María José Pizarro”, aclaró.

Por esto, se le pidió a la Corte Constitucional que le dé aval a este decreto y así poder realizar todo el trámite para convocar a los ciudadanos a las urnas.

“Se ordena a la Registraduría Nacional y a todos los órganos electorales empezar con toda la logística para efectos de que se pueda llevar a cabo la consulta popular el día fijado. Como dije, la fecha de la consulta será el día del 7 de agosto, fecha que está fijada en el decreto”, señaló Montealegre.

“El último eje es que se ordena a todas las autoridades nacionales y territoriales garantizar un debate transparente en torno a la consulta, que les permita tanto a los ciudadanos que están a favor de la consulta, como a quienes se oponen, a hacer una deliberación pública y transparente sin ningún tipo de medios engañosos”. concluyó.