Nación
Duros reclamos de la Procuraduría contra el secretariado de las Farc por los abusos a niños durante el conflicto
El documento llegó a la Sala de Reconocimiento de la JEP después de que se fijó la fecha para que los integrantes de la cúpula de esa extinta guerrilla respondan por el reclutamiento de menores.
La Procuraduría General se fue de frente contra el secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, por la participación que habrían tenido en los casos de reclutamiento, abuso y uso de menores de edad durante el conflicto armado. Por eso, el ente de control le pidió a la JEP que revise la imputación contra los exlíderes de ese grupo armado frente a ese flagelo.
En un documento de 38 páginas, el ente de control manifestó que algunos integrantes del secretariado podrían responder hasta como “autores directos frente a hechos de violencia sexual, de acuerdo con algunos relatos. Por ejemplo, la víctima 07.01.112 sufrió hechos de violencia sexual cometidos por los comandantes, entre los que se menciona a Catatumbo Torres”.
La Procuraduría se refiere al hoy senador del Partido Comunes, Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien hizo parte del secretariado de las Farc desde el año 2008. El mismo cabecilla de ese antiguo grupo armado que ha sido imputado en la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
La Procuraduría también detalló en el documento que le remitió a la JEP, otros casos en los que estarían involucrados varios integrantes del secretariado: “De la misma manera, la víctima 07.01.157 identificó a Londoño Echeverry y Velásquez Saldarriaga (alias el Paisa) como responsables directos del acceso carnal violento. En este mismo sentido, varias víctimas han denunciado que Julián Gallo cometió hechos de violencia sexual en contra de niños y niñas, sin contar con que este compareciente tuvo conocimiento directo”.
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En esa parte se refiere al presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño; al senador Carlos Antonio Lozada, y a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, el disidente que murió a finales de 2021 en la frontera con Venezuela.
La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que reconsidere la responsabilidad de los integrantes del secretariado de las Farc-EP frente a estos delitos, al considerar que “la Sala omitió reconocer que existió una política de facto, no escrita, que permitió y promovió actos de violencia sexual al interior de las filas guerrilleras”.
El ente de control también advirtió que durante el conflicto armado interno en Colombia, las Farc también implementaron percusiones contra pueblos étnicos, esclavitud sexual y desaparición de bebés recién nacidos. Razón por la que la Procuraduría le solicitó a la JEP que impute a los exlíderes de esa extinta guerrilla por esos hechos.
