Nación
Dos patrulleros de la Policía estarían involucrados en el abuso sexual a una menor de edad en un CAI en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio a los dos uniformados que hacen parte de la institución.

Hace más de 130 años, la Policía Nacional fue creada para garantizar la seguridad, la convivencia pacífica, los derechos y las libertades de todos los habitantes de Colombia. Sin embargo, esa regla general parece que no fue respetada por dos patrulleros de la Policía, quienes habrían atentado contra la integridad de una menor de edad en Bogotá.
El caso fue revelado por la Procuraduría General de la Nación, después de que llamó a juicio disciplinario a los dos uniformados de la Policía Nacional, quienes terminaron en la picota pública por el presunto abuso sexual que habrían cometido contra una menor de edad en el occidente de la capital.
La procuradora delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa explicó en la decisión: “Uno de los uniformados asignados al CAI de Engativá, en Bogotá, aparentemente se aprovechó de la víctima, contando con el actuar omisivo de su compañero”.
Una grave situación que ha sido alertada por la Personería Distrital de Bogotá sobre casos de presunto abuso de autoridad, xenofobia, discriminación y estigmatización, por parte de algunos integrantes de la Policía, en localidades como Los Mártires, Ciudad Bolívar y Kennedy.

Sobre el caso contra una menor de edad ocurrido en la localidad de Engativá, la Procuraduría también confirmó: “El proceso disciplinario contó con el enfoque de género correspondiente y siguió los tratados internacionales de derechos humanos”.
El informe del ente de control también advirtió que la presunta actuación de los patrulleros habría constituido una “falta disciplinaria gravísima”, razón suficiente para avanzar a la siguiente etapa del proceso y llamar a los uniformados a juicio disciplinario. Los policías implicados podrían enfrentar sanciones severas, como la destitución del cargo que ocupan actualmente o la inhabilidad por varios años para volver a ejercer funciones públicas.
Hay que recordar que los organismos de control han identificado el abuso de autoridad cuando un servidor público utiliza su posición de manera arbitraria e injusta, cometiendo actos ajenos a su función. Por eso, los dos uniformados implicados en este caso podrían terminar en procesos penales en la Fiscalía General de la Nación.