Disidencias de Calarcá planean asonadas contra la fuerza pública en Meta: así las están organizando

Alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, genera terror en varias regiones de Colombia. Este jueves, 21 de agosto, SEMANA conoció un documento que fue emitido por la alcaldía de Mesetas, Meta, donde alertan sobre el constreñimiento que vienen ejerciendo las disidencias de las Farc contra líderes comunales y campesinos.

El propio alcalde, Camilo Antonio Pulgarín Suárez, elevó un oficio a las principales instituciones del Estado denunciando que estas estructuras ilegales buscan instrumentalizar a la población civil para presionar al Gobierno y, de paso, organizar asonadas contra la Fuerza Pública.

Según el documento, el pasado 31 de julio los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron citados de manera obligatoria por el Frente Ever Castro, comandado por Carlos Rondón, alias Caliche, y su jefe financiero, alias Edinson Suárez, ambos bajo la estructura de alias Calarcá.

“Mediante panfleto, convocaron a setenta presidentes de JAC a una reunión en la vereda Mansitas, en jurisdicción de la inspección de La Julia, municipio de Uribe. Los líderes asistieron por temor a represalias”, señala el documento.

La orden: desplazar campesinos para presionar al Estado

En el encuentro, los comandantes de las disidencias impartieron instrucciones precisas: cada vereda debía designar diez personas —cinco directivos y cinco afiliados— para desplazarse este 21 de agosto a los Llanos del Yarí. El propósito de la movilización sería exigir la continuidad de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las estructuras armadas.

Sin embargo, lo que a primera vista podría parecer una expresión de participación ciudadana fue descrito por las autoridades como una acción de fuerza.

“Esta orden no constituye un ejercicio voluntario de participación ciudadana, sino una imposición violenta, respaldada por amenazas directas de muerte, desplazamiento forzado y otras represalias en caso de incumplimiento”, advirtió el alcalde Pulgarín.

El oficio revela que los campesinos afectados viven en una situación complicada porque reciben graves amenazas de las disidencias de las Farc. En su mayoría son familias que dependen de la agricultura y que habitan en zonas apartadas, donde no hay presencia del Estado.

“Estas personas no cuentan con garantías mínimas para su protección y solo pueden informar su situación mediante comentarios informales ante la Alcaldía o la Personería”, dieron a conocer en el Consejo de Seguridad del 11 de agosto.

En este contexto, la administración municipal alertó que la eventual participación masiva en la movilización del 21 de agosto “no debe interpretarse como un ejercicio libre y democrático, sino como un acto forzado y sometido a graves amenazas, instrumentalizado para presionar la continuidad de unos diálogos que, en la práctica, no han reducido la violencia”.

Para el alcalde Pulgarín, detrás de la convocatoria campesina se esconde un plan de asonadas contra las instituciones del Estado y, en particular, contra la Fuerza Pública.

“Las disidencias continúan cometiendo homicidios, extorsiones, atentados contra las instituciones y actividades vinculadas al narcotráfico, en abierta contradicción con cualquier compromiso de paz”, señaló en su oficio.

El mandatario pidió medidas urgentes a los ministerios del Interior y de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad Nacional de Protección y a la Procuraduría, entre otras entidades.

En concreto, solicitó activar mecanismos de protección para presidentes de JAC y sus familias, coordinar acciones de presencia institucional que impidan desplazamientos forzados, garantizar la difusión pública de las denuncias y reforzar el seguimiento en el marco de la Alerta Temprana No. 001 de 2025.

“La población civil no puede ser obligada a participar en acciones políticas o movilizaciones contrarias a su voluntad y además ilegales”, dijo Pulgarín.