Diego Guevara, exministro de Hacienda, salió nuevamente salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Una veintena de nombres fueron mencionados en la audiencia de imputación de cargos que adelantó este jueves, 8 de mayo, la Fiscalía General en contra de María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda, y quien es una de las piezas clave en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante la diligencia judicial se mencionaron viejos conocidos, entre ellos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jaime Ramírez Cobo; el exdirector de la UNGRD Olmedo López, el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y varios senadores y representes a la Cámara.

Sin embargo, en la audiencia, que duró cerca de dos horas, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema mencionó un nombre que ha pasado de agache en todo este proceso judicial: Diego Guevara, quien tuvo un paso fugaz por el Ministerio de Hacienda.

“El 5 de diciembre de 2023, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, usted (en referencia a María Alejandra Benavides) y el entonces [vice]ministro Diego Guevara se reunieron con los congresistas de la Comisión Interparlamentaria, Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Karen Astrid Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera, a quienes les informaron que los proyectos contractuales que se tramitarían, probablemente, serían visibilizados en el siguiente año; esto es durante 2024”, precisó la delegada del ente investigador.

Benavides fungía como interlocutora entre el Ministerio y los congresistas que tenían un claro interés en los contratos de obra en Gamarra, El Salado y Carmen de Bolívar, y que ascendían a los 90 mil millones de pesos.

Sin embargo, todas estas acciones las realizaba con el aval de Ricardo Bonilla, a quien le entrega informes periódicos sobre la forma en que se adelantaba el direccionamiento de los contratos en los diferentes municipios con las personas que habían sido designadas para tal fin criminal.

“Usted le informó al entonces ministro Ricardo Bonilla de los resultados de la reunión realizada con los parlamentarios, concretamente que estos —como gesto con el ministro— votarían en la sesión programada para el día siguiente, es decir, el 6 de diciembre de 2023, una operación de crédito público. Sin embargo, esperaban una respuesta a punto que los proyectos contractuales se tramitarían efectivamente este mismo año y no el siguiente", reveló.

El tema no paró ahí. Un día después, María Alejandra Benavides asistió a otra importante reunión en la oficina del ministro Bonilla.

“En el despacho del ministro de Hacienda, usted (señalando a María Alejandra Benavides) asistió a una reunión con Bonilla, Luis Fernando Velasco, Jaime Ramírez Cobo [...], en la que se acordó que las personas que tenían que gestionar en la UNGRD eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo”, reseñó la fiscal.

El 11 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides, con el aval el ministro Bonilla, le entregó un sobre a Ramírez Cobo que contenía la lista de los tres contratos de obra y el valor unitario.

“Ramírez Cobo le solicitó los nombres y números de contacto en los municipios donde se desarrollarían los procesos contractuales entregados por los parlamentarios, por lo que usted le solicitó a Karen Manríquez, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo el nombre de las personas con los que debían comunicarse en las regiones para tramitar los proyectos", añadió la imputación.

En abril pasado, SEMANA reveló varios chats registrados en diciembre de 2023 entre María Alejandra Benavides y el entonces viceministro Diego Guevara.

Al final de la diligencia judicial, la exasesora del ministro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General (interés indebido en la celebración de contratos en calidad de cómplice), anunciando que en la actualidad se encuentra adelantando una negociación para firmar un principio de oportunidad con el ente investigador.