Denuncian que jóvenes a los que el Gobierno Petro les paga por “no matar” reciben la plata, pero al mismo tiempo cometen asesinatos en el Cauca

En Puerto Tejada, norte del Cauca, la violencia tiene barricadas imaginarias que deciden –casi en instantáneo– la vida de quienes las cruzan. No importan edades, género o profesión, las balas, y quienes las disparan, no distinguen nada. Solo para dar una mirada rápida a este fenómeno de crueldad, en menos de dos años han asesinado a 92 personas en un municipio de apenas 45.000 habitantes.

¿A qué se debe esta escalada violenta? De acuerdo con la administración municipal, hay una atomización de la violencia reciclada por más de 30 años, cuando las pandillas se apoderaron de este pueblo que está a escasos 15 minutos de Cali y hoy conforman junto a la capital del Valle el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (Amso).

Puerto Tejada reporta más de 40 bandas delincuenciales que han demarcado el territorio mediante fronteras invisibles, es decir, que quien pase de un lugar a otro sin la venia de estas estructuras se muere. Asimismo, son los dinamizadores de los robos y extorsiones en el municipio. Sus integrantes, en su mayoría jóvenes, han perpetrado 534 robos a personas (estos solo son los denunciados) en los últimos dos años, han abusado de 47 mujeres y han hurtado 306 motos. Sin contar los robos a comercios, que ascienden a 37.

Fue por esta realidad que la vicepresidenta Francia Márquez puso sus ojos en este municipio para iniciar allí el piloto del polémico programa Jóvenes en Paz, el cual da incentivos económicos para no delinquir. En Puerto Tejada se prometieron abrir más de 400 cupos y muchos jóvenes abandonaron las pandillas para comenzar el proceso de resocialización.

Al principio, el programa tuvo algunos retrasos en los pagos y algunos decidieron desertar para regresar a las armas; otros se quedaron y recibieron hasta el pasado diciembre el recurso cercano al millón de pesos; sin embargo, continuaron con sus actividades delictivas, según denuncias realizadas por líderes sociales de esa zona a SEMANA.

“Al momento de iniciar la ejecución del programa, muchas de las personas que ingresaron eran participantes de pandillas juveniles dentro del municipio y uno de los medios de comunicación ha registrado en videos balaceras de personas que forman parte del programa Jóvenes en Paz. Estos chicos han alterado en algún momento el orden público del municipio”, dice un líder social al que este medio le protege su identidad. Sus denuncias no son en vano. Él tiene en su poder pruebas audiovisuales que demostrarían la participación de algunos jóvenes del programa en balaceras locales, que muchas veces terminan con otros jóvenes –en su mayoría estudiantes universitarios– asesinados por balas perdidas o por pasar de una calle a otra y transgredir la principal norma de los violentos: no se puede caminar libremente sin su permiso.

Así fue como el sábado 4 de enero de 2025 asesinaron a disparos a Harby Hurtado, de 26 años, quien se encontraba comprando pan en una panadería de tránsito prohibido para él. Ante estos hechos, Juan José Valencia, quien es consejero municipal de Juventud en Puerto Tejada, hizo un desesperado llamado por medio de su cuenta en X al presidente Gustavo Petro, por los constantes hechos violentos. “¿Cuántos jóvenes más deben morir en Puerto Tejada para que las entidades de seguridad del Estado entiendan que la única solución real y efectiva para mejorar la seguridad en el municipio es militarizar de manera inmediata? La violencia y la criminalidad han alcanzado niveles insostenibles y la población está viviendo en un estado de miedo constante. La militarización no solo sería una medida de protección para nuestros ciudadanos, sino también una respuesta contundente para recuperar el control del orden público y garantizar la tranquilidad que todos merecemos”, se lee en la publicación.

Al igual que Harby, también fue asesinada Íngrid Tatiana Núñez, el 2 de junio de 2024, cuando se dirigía a su trabajo. El presunto sospechoso de su crimen es David Palomino, uno de los supuestos líderes de estas bandas criminales. Otra de las víctimas es Juan José Gómez Mina, de apenas 18 años, a quien mataron en el barrio Dos Aguas en extrañas circunstancias. Puerto Tejada lo conocía –y aún lo recuerda– por ser un excelente peluquero.

La lista de víctimas no para ahí. John Stiven Riesco tenía 2 años cuando un enfrentamiento a bala entre pandillas le quitó la vida. Un proyectil le atravesó la cabeza mientras jugaba afuera de su casa. Miguel Velasco también fue víctima de este flagelo. Los nombres e historias de quienes fueron asesinados en Puerto Tejada por delincuentes, muchos de ellos ahora en Jóvenes en Paz, podrían llenar todas las páginas de esta revista.

“En el municipio hay un problema de fronteras invisibles. Personas que cruzan de un barrio a otro pueden ser asesinadas por este motivo. En muchos sectores, la violencia es constante. Mi primo fue asesinado por una banda conocida como los Letales, que altera gravemente el orden público del municipio. Esta pandilla está integrada por personas que vienen del oriente de Cali y Jamundí, y ha ido creciendo. Entre otras pandillas grandes y peligrosas están los 23, los Brooklyn y los J-80”, dice un habitante.

Otra de las lideresas le contó a SEMANA que, a pesar de las pruebas, no se puede denunciar públicamente, o ante la administración municipal, la participación de algunos beneficiarios de Jóvenes en Paz en actos delictivos, porque inmediatamente son objeto de amenazas y atentados en su contra. “El programa Jóvenes en Paz es una buena iniciativa, pero si se hubiese ejecutado según las directrices de la vicepresidenta, podría haber sido un éxito. El problema fue que se incluyeron en el programa a personas pertenecientes a pandillas. A estos jóvenes se les debe tratar con un programa específico de resocialización; si no quieren acogerse a él, el Estado debe someterlos al imperio de la ley”, reseña.

Vivir en la zozobra

SEMANA recorrió las calles de Puerto Tejada y pudo constatar cómo, con el pasar de las horas del día, el municipio se va sumiendo en una realidad de miedo y zozobra. El comercio en algunos sectores cierra temprano y ciertos lugares son zonas fantasmas. “Vivir bajo estas condiciones es difícil. Durante las balaceras, toca esconder a los niños bajo las camas. Se escuchan disparos con armas que solo se veían en grupos guerrilleros o paramilitares, pero ahora delincuentes locales las utilizan en sus enfrentamientos. Una bala perdida puede entrar a cualquier casa y matar a alguien en cualquier momento”, cuenta un habitante.

Otro de los ciudadanos de Puerto Tejada señaló: “Algunas personas no pueden moverse libremente dentro del municipio. Los habitantes del sector oriente, por ejemplo, no pueden cruzar a los barrios de Los Bancos o Granada. En el barrio Carlos Alberto hay jóvenes que han tenido que ser sacados porque no pueden pasar de una cuadra a otra sin arriesgarse”. En ese registro violento, los barrios más peligrosos son Carlos Alberto, París, Betania, La Cabaña, Granada, Los Bancos y La Esperanza. “Aunque todo el municipio está permeado por la violencia, estos son los puntos más críticos. Además, los robos armados de motocicletas son constantes. Estos robos suelen ser violentos; los delincuentes amenazan con armas y obligan a las víctimas a entregar sus vehículos, que luego son desarmados y vendidos por partes o usados para cometer otros delitos. El microtráfico y el consumo de drogas también son problemas graves”, dice una de las víctimas de robo en Puerto Tejada.

La ciudadanía reconoce el trabajo de las autoridades y califica como positiva la administración de la alcaldesa Luz Adiela Salazar. Uno de los líderes que trabaja con víctimas le dijo a SEMANA: “Desde el año 2024, cuando la alcaldesa Luz Adiela asumió el cargo, ha habido una disminución de las muertes violentas, pero las acciones han sido insuficientes. Muchos de los jóvenes dentro del programa Jóvenes en Paz usaban el dinero recibido para reforzar sus actividades delictivas comprando armas y aumentando el temor en la comunidad. Aunque se ha expulsado a algunos, ya cuentan con recursos para seguir delinquiendo”.

La alcaldesa, en diálogo con SEMANA, reconoce el problema de violencia y dice que algunos beneficiarios del programa Jóvenes en Paz han sido expulsados por reincidir en actividades delictivas. Señala que la frecuencia de hurtos es constante, especialmente de motocicletas. “Este enfrentamiento entre los jóvenes ha llevado a la proliferación de barreras invisibles, donde los jóvenes se convierten en enemigos y no pueden transitar libremente por ciertos sectores sin correr el riesgo de ser asesinados”. Frente al programa Jóvenes en Paz, y las críticas por su ejecución, la alcaldesa asegura que el programa busca prevenir la violencia y evitar que jóvenes vulnerables ingresen a las pandillas. “Algunos jóvenes con antecedentes de conflicto fueron convocados, pero mantener la cohesión dentro del programa ha sido un reto, ya que muchos de ellos han estado inmersos en la violencia durante años. El programa inició con 480 jóvenes y actualmente cuenta con 425”. Según la alcaldesa, se logró una reducción de homicidios en 2024 en comparación con 2023. Sin embargo, algunos jóvenes han desertado del programa para continuar en actividades delictivas, ya que al estar en el programa se les prohíbe participar en actos ilícitos.

Sobre las denuncias de los líderes a SEMANA, señaló que su administración está abierta para recibir las pruebas. “Si alguien tiene una información concreta de que un joven de Jóvenes en Paz sigue haciendo daño, que nos pase la información. Miren, cuando yo como alcaldesa he intentado llegar al detalle y decirles, díganme quién es el joven, dime el nombre o dime el alias, cuando la gente me dice alias Pepito, y yo voy y miro las bases de datos de Jóvenes en Paz, alias Pepito fue convocado, pero es de los primeros que se salió del programa. Y la gente, como no conoce el detalle de que han desertado, sigue pensando que continúa en el programa, que le sigue llegando la transferencia, cuando muchos de esos jóvenes desertaron”.

Así las cosas, a pesar de los gastos millonarios del programa Jóvenes en Paz para comprar la tranquilidad en Puerto Tejada, la situación es similar a años pasados. Los asesinatos, robos y extorsiones continúan marcando la cotidianidad de sus habitantes.