Judicial
Denuncia contra 19 ministros de Gustavo Petro por el ‘decretazo’ sigue su curso, pese al retiro de la consulta popular
La Fiscalía General acumuló varias acciones judiciales presentadas por la firma del llamado ‘decretazo’.
La Fiscalía General confirmó este lunes, 21 de julio, la acumulación de varias denuncias en contra de 19 ministros de Gustavo Petro por la firma del polémico ‘decretazo’, por medio del cual se convocó a una consulta popular, con la que se buscaba la aprobación en las urnas de las reformas que no pasaron en el Congreso.
En un documento conocido por SEMANA, el ente investigador reseñó que, pese al retiro de ese decreto, la investigación contra los ministros firmantes sigue su curso, indicando que la Fiscalía Quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió el caso.
“Por los mismos hechos se adelanta la NUNC 110016000102202500194, la cual fue encargada por la Resolución 0-0197 del 27 de junio de 2025 a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y por reparto automático correspondió el conocimiento a la Fiscalía Quinta, por lo tanto, la denuncia fue incorporada al radicado en indagación”, indica el documento.
El ente investigador confirmó esta acumulación a once accionantes. Todas las denuncias coinciden en señalar que los ministros no contaban con las competencias para firmar el mencionado decreto.
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La denuncia base fue radicada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, por el presunto delito de prevaricato por acción, al suscribir el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, “por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”.
La acción judicial cobija a Armando Benedetti Villaneda (ministro del Interior), Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (ministra de Relaciones Exteriores encargada), Germán Ávila Plazas (ministro de Hacienda y Crédito Público), así como a Augusto Alfonso Ocampo Camacho (ministro de Justicia y del Derecho encargado).
La lista la siguen el general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez (ministro de Defensa Nacional), Martha Viviana Carvajalino Villegas (ministra de Agricultura y Desarrollo Rural), Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez (ministro de Salud y Protección Social), Antonio Eresmid Sanguino Páez (ministro de Trabajo), José Luciano Sanín Vásquez (ministro de Minas y Energía encargado), Diana Marcela Morales Rojas (ministra de Comercio, Industria y Turismo), José Daniel Rojas Medellín (ministro de Educación Nacional), Christian David Díaz Bulla (ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado), Helga María Rivas Ardila (ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio) y Julián Molina Gómez (ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
Continúa con María Fernanda Rojas Mantilla (ministra de Transporte), Yanai Kadamani Fonrodona (ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes), Patricia Duque Cruz (ministra del Deporte), Ángela Yesenia Olaya Requene (ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación) y Carlos Alfonso Rosero (ministro de Igualdad y Equidad).
Por estos mismos hechos, el pasado 13 de junio, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General les abrió indagación preliminar a 18 ministros. Esto, tras la queja presentada por Alberto Boek Huyke, Cristina Plazas Michelsen y Daniel Felipe Briceño.
“Compromete gravemente el erario público y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud, pese a advertencias públicas y relatadas de múltiples voces autorizadas en el mundo jurídico”, señalaron los accionantes al citar varios conceptos de abogados y académicos.
