Defensoría rechaza “juicio revolucionario” del ELN contra agentes del CTI y policías secuestrados en Arauca: “Exigimos la liberación inmediata”

La Defensoría del Pueblo exige la liberación inmediata de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional secuestrados en Arauca desde hace varios meses. La entidad también expresó su rechazo y preocupación frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a estos funcionarios.

“Las personas secuestradas, en este caso, son civiles pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Adicionalmente, la libertad fue condicionada a un llamado ‘canje humanitario’. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado”, dice un comunicado de la Defensoría.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró al ELN el principio del Derecho Internacional Humanitario con el fin de exigir la liberación de los funcionarios secuestrados en este departamento.

“Ningún grupo armado puede justificar sus actos con base en razones políticas, militares o ideológicas cuando estos implican violación a los máximos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y el DIH. La Defensoría exige la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios, así como el cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra”, se lee en el escrito.

La Defensoría insta al Gobierno nacional, al consejero comisionado de Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de todas las personas, en estricto cumplimiento de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana.

“La privación prolongada de la libertad, que en nuestro ordenamiento jurídico se configura como secuestro, es sancionada por el derecho penal internacional como el crimen de guerra de toma de rehenes. Este constituye una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que (i) se comete contra personas civiles y (ii) supedita la libertad, la vida o la integridad física de los cautivos a la realización o abstención de determinados actos”, detalle el comunicado.