Defensa del expresidente Uribe radicará apelación para tumbar la condena de doce años de prisión

En los próximos minutos la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicará su recurso de apelación en contra del fallo que sentenció a doce años de prisión al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el documento se argumentará que existen pruebas documentales, testimoniales y técnicas suficientes para demostrar que el expresidente Uribe jamás ordenó la presión o manipulación de testigos.

Esta petición se suma a la que radicó recientemente la Procuraduría General en la que pide que se tumbe el fallo condenatorio al considerar que las pruebas no demuestran que el expresidente hubiera sido “determinador” de los hechos materia de investigación.

El pasado 1 de agosto, en un fallo sin antecedentes judiciales de la historia de Colombia el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión por manipular y presionar testigos para obtener una retractación que lo beneficiaría en el espinoso proceso que se adelantaba en su contra en la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.

En la decisión de primera instancia emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá se indicó que el expresidente Uribe le dio órdenes precisas y constantes al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera a un grupo de exparamilitares de firmar una retractación. Todo esto a cambio de ofrecimientos económicos y asesorías jurídicas.

En la ejecución de presiones, el jurista, quien el próximo 15 de agosto podría ser sentenciado por estos mismos hechos, se buscaba que los testigos señalaran directamente al senador Iván Cepeda de ser la “mente maestra” detrás de un estructurado plan para vincular al expresidente Uribe en un proceso criminal.

“Comportamientos de los cuales no queda duda fueron cometidos por varios abogados, particulares, privados de la libertad que se unieron al designio criminal contribuyendo con actos concretos que facilitaron la ejecución de las conductas punibles”, precisa una de las partes más importantes del fallo de 1.114 páginas.

La jueza consideró que, contrario a lo expresado por el expresidente Uribe durante sus alegatos, sí tuvo conocimiento de las acciones que estaba realizando Diego Cadena en los centros penitenciarios. Citando las comunicaciones telefónicas interceptadas se reseñó que el expresidente le exigía resultados para conseguir las tan anheladas retractaciones.

“No solo sabía (en referencia a Uribe), sino que toleró o promovió lo que convenientemente ahora intenta disimular bajo la sombra de la omisión consciente. No cabe duda de que el procesado conocía lo ilícito de su proceder”, expresó la jueza.

En otro de los apartes de la decisión se cuestiona el hecho que el expresidente, quien por años ha contado con la asesoría jurídica de dos de los penalistas más reconocidos e importantes del país buscara a un abogado que no contaba con tanta experiencia ni renombre para que realizara una labor esencial en su defensa.

“Diego Cadena, fiel a su apellido, se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Esto sí, con una consigna inquebrantable: resguardar la identidad del verdadero instigador. Movidos no sólo por el miedo sino por una lealtad devocional que los llevó a proteger al cerebro del plan criminal, incluso a costa de su propia responsabilidad penal”, enfatiza el fallo.

Las pruebas documentales, testimoniales y técnicas -reseñó la jueza- demostraron que desde un principio el expresidente Uribe buscó afectar la recta impartición de justicia, buscando testigos que falsearan su declaración a cambio de beneficios; así como un nutrido grupo de personas muy cercanas al exmandatario, su partido político y su ideología.

Las retractaciones iban a ser enviadas a la Corte Suprema de Justicia para que revisara la decisión por medio de la cual se abstuvo de investigar al senador Iván Cepeda por presunta manipulación y presión a testigos.

“Queda claro que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia. El bien protegido tanto por el delito de soborno en actuación penal como por fraude procesal. Y que, como ya se ha resaltado, el mismo no se ejerció contra cualquier juez sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia”, advirtió.