Defensa de Sandra Ortiz niega amenazas o chantajes a la Fiscalía para buscar beneficios jurídicos en investigación por el saqueo a la UNGRD

El abogado Oswaldo Medina, defensor de Sandra Ortiz, detenida por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) negó que estén chantajeando, amenazando o presionando a la Fiscalía para que les brinde beneficios jurídicos a través de un principio de oportunidad.

Indicó el abogado que: “No es cierto que Sandra Ortiz, este defensor o algún miembro de mi equipo de trabajo hayan amenazado, presionado, chantajeado y mucho menos constreñido a los dos fiscales delegados para esta investigación, ni a ningún otro miembro del ente acusador”.

Agregó que “las negociaciones que de mutuo acuerdo se iniciaron entre Fiscalía y Defensa se llevaron a cabo en el búnker de la Fiscalía con la asistencia de mi representada, a quien se le permitió revisar su celular, el cual tenía incautado en ese momento la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de realizar unas matrices de colaboración para esclarecer varios hechos de interés para la Fiscalía”.

Así mismo, indicó: “Estas conversaciones se adelantaron dentro del respeto, la cordialidad y apoyo de la Fiscalía, por lo que se recibió con extrañeza que se haya indicado que han sido con amenazas, constreñimientos y chantajes”.

La declaración del abogado Medina se da en medio de un durísimo tire y afloje que se viene dando con la Fiscalía General de la Nación, donde, en voz baja, la ex alta consejera para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro estaba buscando un acuerdo para colaborar con la justicia, pero le cerraron la puerta.

Ortiz señaló que tenía información nueva y reveladora que involucraba a altos funcionarios del Gobierno con el escándalo de la UNGRD, pero la Fiscalía no accedió a darle el principio de oportunidad con inmunidad total y solo le ofreció un preacuerdo (en el que no tiene obligación de delatar) con rebaja de pena.

Pero la información que tiene Ortiz, de acuerdo con las pruebas, no solo es delicada, es explosiva y reveladora. SEMANA accedió a evidencias que pusieron al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández contra las cuerdas, pues el dinero corrupto de la UNGRD se habría usado para su elección.

Ortiz es conocida en este escándalo como “la mensajera”, porque fue la encargada de entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, para favorecer la agenda del Gobierno, pero, según la versión Ortiz, también tenían la finalidad de aceitar la elección.

Chats revelados por SEMANA dejan claro que la gestión se hizo y efectivamente Name agendó la votación que puso a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.