Defensa de Olmedo López cuestiona a la justicia tras revelaciones de SEMANA: “¿Por qué no avanzan las imputaciones?”

José Moreno Caballero, abogado del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, cuestionó fuertemente el procedimiento de la justicia frente al desfalco que sufrió la entidad que lideró su cliente para, supuestamente, sobornar a congresistas y acelerar los proyectos del Gobierno Petro en el Legislativo.

La posición de Moreno Caballero llegó luego de que SEMANA revelara, en su más reciente edición impresa, el testimonio que brindó ante las autoridades María Alejandra Benavides sobre la presunta participación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el aparente plan de corrupción y nombró a todas las personas que habrían participado en él, incluyendo a seis influyentes representantes a la Cámara.

“Todo lo que hoy dice María Alejandra Benavides ya lo había revelado Olmedo López, bajo juramento y con pruebas verificables. Él fue el primero en hablar, el primero en entregar libretas, chats y documentos a la Fiscalía. Su testimonio abrió la ruta de la verdad y permitió que hoy se conozca la dimensión real de la corrupción en la UNGRD”, dijo el defensor de López.

Para él, las versiones que suministró Benavides ante la justicia no contradicen las palabras de su cliente, sino que las confirmaría, y preguntó: “¿Por qué no avanzan las imputaciones de los altos funcionarios y congresistas que él señaló? ¿Por qué se demora la aprobación de su preacuerdo, si fue quien destapó todo el entramado?”.

El abogado aseguró que el preacuerdo de Olmedo López no es un favor político: “Es un deber jurídico y ético del Estado para proteger al testigo que colaboró con la verdad, devolvió los recursos y ayudó a desmantelar una red de poder que operaba desde el corazón del Gobierno. Negar ese preacuerdo sería castigar la verdad y premiar el silencio”.

María Alejandra Benavides describió que el exministro Bonilla habría formado parte de la repartija de contratos con la que el Gobierno Petro negoció votos de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. De igual manera, reiteró las versiones de “cupos indicativos” y habría negociado los porcentajes que debía recibir cada uno.