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Cuestionamientos y dudas dejó la orden de proteger a firmantes de paz: “¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo?”

La Corte Constitucional declaró el estado de cosas constitucional sobre la garantía de seguridad de los firmantes de paz en el año 2022. Tres años después hay más interrogantes que claridades en el proceso para proteger a esa población.

3 de febrero de 2025, 7:11 p. m.
Viudas de firmantes de paz
Personas sostienen flores durante un evento para conmemorar a los exguerrilleros y líderes sociales que han sido asesinados desde que se firmó un acuerdo de paz en 2016 entre los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano. (AP Foto/Fernando Vergara) | Foto: AP

Dos días duró la audiencia pública que citó la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a la orden que en el año 2022, con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, le dio al Gobierno para que le garantizara la seguridad y la protección a los firmantes del acuerdo de paz con las extintas Farc. Sin embargo, la diligencia dejó más dudas e interrogantes sobre el trabajo que se ha venido adelantando para resguardar a esa población.

Una de esas dudas, la planteó el propio vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien cuestionó el tiempo que durará el plan del Gobierno nacional para garantizar una protección real para los excombatientes que decidieron dejar las armas y reintegrase a la sociedad.

“Llevamos varios años sin que se tomen unas determinaciones de fondo. Otra preocupación adicional hay cuando se habla, además de la población afectada, se dice cuáles son las conductas vulneratorias e infracciones al derecho internacional humanitario y se advierte reclutamiento de menores, secuestro, regulaciones a la movilidad, homicidios selectivos, extorsión, desplazamiento, desaparición forzada y masacre”, dijo Ibáñez Najar.

Sin embargo, ante la advertencia de esa preocupante situación sobre los firmantes de paz, el vicepresidente de la Corte Constitucional preguntó: “¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo, cuando llevamos un largo plazo después de identificar un problema estructural? Que fue lo que hizo la sentencia, porque por eso es que se declara un Estado de Cosas Inconstitucional”.

La magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala de Seguimiento, también cuestionó el riesgo y los homicidios que se han presentado contra los firmantes de paz en el Catatumbo, en medio de la guerra por control territorial que se ha desatado entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

“¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos ya advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz y a la población civil en general?”, fue la pregunta que hizo la magistrada Pardo.

Gobierno reconoce deficiencia para atender alertas tempranas

El Ministerio del Interior confirmó que desde la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, 452 firmantes han sido asesinados. Esa fue una razón de peso para que la Corte en 2022 declara el Estado de Cosas Inconstitucional sobre la garantía de seguridad para esa población.

Pero durante la audiencia de seguimiento a la sentencia de proteger a los firmantes, varios funcionarios del gobierno Petro reconocieron que ha faltado articulación y hasta análisis para atender de manera oportuna, las ocho alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre el peligro que correrían algunos excombatientes.

El general William Salamanca, director de la Policía indicó: “requerimos entonces de una mejor articulación interinstitucional para atender las alertas que trae a la Defensoría del Pueblo, mejorar canales de comunicación con los firmantes de Paz, que las alertas tempranas tengan mayor precisión en la información y que nos permitan caracterizarlas para poder actuar”.

Esa confesión también pondría en serias dudas la respuesta del Estado frente a las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo hizo antes de que se desatara la brutal guerra que hoy padecen el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las Farc.

De hecho, el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, reconoció que no se estudiaron a profundidad dichas alertas sobre el Catatumbo y hoy el departamento de Norte de Santander vive una de las peores crisis humanitarias con desplazados, confinados, muertos y un terror que tiene paralizada esa región del país.

“Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto, no hubo, y la verdad quiero ser muy autocrítico. No hubo análisis a fondo de por qué se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de una especie de estado de convivencia, hablo de los que llaman el bloque Gentil Duarte y el ELN allá en esa región”, dijo Patiño.