Judicial
Cuenta de cobro a las Farc por 3.000 millones de pesos: un fallo del Consejo de Estado obliga a la Nación repetir contra la exguerrilla por el secuestro de un Policía
SEMANA revela las consecuencias de un inédito fallo que busca que los excomandantes de las Farc paguen por el secuestro de un intendente de la Policía, en la toma de Puerto Rico, Meta, en 1999.
El 10 de junio de 1999, la guerrilla de las Farc atacó durante tres días la estación de policía de Puerto Rico, Meta. En la acción terrorista destruyeron la estación, la Caja Agraria, viviendas y fue secuestrado, entre otros, el subintendente Jorge Humberto Romero. El hecho, 26 años después, se convirtió en un fallo que obliga al Estado a pagar 3.000 millones de pesos, 800 para el uniformado y 2.200 para su familia.
Este asunto no paró ahí. La decisión les ordena a entidades del Estado adelantar una acción de repetición contra los comandantes de las Farc, para que paguen el dinero fijado en la sentencia, de lo contrario, pueden perder los beneficios que les otorgó la JEP.
El suboficial estuvo retenido durante 12 años, ocho meses y 21 días, en los que recibió los peores tratos. Esta deshumanizante situación generó daños morales y materiales en el subintendente y su núcleo familiar, quienes radicaron una demanda contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Tras once años de estudio, el Consejo de Estado condenó a la Nación ordenando la millonaria reparación económica para el suboficial y su familia, pero la misma sentencia pide la repetición para que sean las Farc quienes paguen el dinero. Ahí está el lío para el exsecretariado de esta guerrilla que por ahora solo tiene una simbólica condena.
“Conminar a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) para que, una vez pague la condena que aquí se le impone, repita contra las Farc como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos violatorios de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, advierte la decisión del Consejo de Estado.
En palabras simples, por primera vez desde la firma del acuerdo de paz se reconoce en un fallo que los exintegrantes de las Farc tienen responsabilidad administrativa y patrimonial por los actos que cometieron durante el extenso conflicto armado.
“El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta vinculante para las partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo exigible frente a ellas, en los mismos términos en los que se firmó”, indica la condena que pondría a pagar a los exFarc, hoy congresistas.
El magistrado Camilo Andrés Suárez, ponente del caso 01, de secuestros, aseveró, el 18 de septiembre, que la sanción de ocho años es clara en señalar los incidentes de incumplimiento que se impondrán si alguno de los firmantes no cumplen las sanciones restaurativas.
“La jurisdicción puede abrir un incidente de incumplimiento a los comparecientes y si finalmente no cumplen, pueden ser incluso expulsados”, explicó la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la sección de primera instancia para el reconocimiento de verdad y responsabilidad.
En el acuerdo de paz con las Farc se manifiesta que los representantes de este grupo deben realizar los trámites necesarios para reparar a las víctimas del conflicto y un incumplimiento en estas “obligaciones resarcitorias frente a las víctimas”, podría llevar a que los excomandantes de las Farc pierdan todos los beneficios que han recibido en la JEP, pese a los 12.936 secuestros que cometieron entre 1993 y 2012.
El fallo advierte que en el acuerdo final se hace especial énfasis en la “reparación a las víctimas”. Los exintegrantes del Secretariado de las Farc que siguen vinculados al acuerdo, por cadena de mando y jerarquía, tienen que responder por todas las acciones y sanciones que se emitan en la jurisdicción especial como en la justicia ordinaria.
