Nación
Corte Suprema se quedó sin competencia para resolver la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, ¿por qué?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema dejó en manos del Tribunal Superior de Bogotá resolver la situación jurídica del exdirector del Dapre de Petro.
Fuentes al interior del proceso le confirmaron a SEMANA que en la última sala extraordinaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, decidieron devolver al Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la medida de aseguramiento y la orden de captura a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre del Gobierno Petro, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se dio a partir de unos cambios generados por la reforma a la justicia que entró en vigencia esta semana, y la cual fue promovida por la misma Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia.
En el parágrafo 1 de esa iniciativa, cita: “En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Los autos proferidos en ejercicio de esta función serán susceptibles del recurso de apelación ante la Sala que le sigue en turno del mismo tribunal”.
Esa fue la razón para que los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia devolvieran la apelación contra la medida de aseguramiento y la orden de captura contra González, al Tribunal de Bogotá, que tendrá ahora la responsabilidad de responder ese recurso.
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Hay que recordar que a principios de este mes, la Fiscalía le imputó al exdirector del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos, hechos muy graves para un exfuncionario tan cercano al presidente Gustavo Petro.
Luego de los argumentos que expuso el ente investigador, un magistrado del Tribunal de Bogotá decidió enviar a la cárcel al exdirectivo del Gobierno Petro para garantizar su permanencia en el proceso y proteger a la comunidad.
El ente investigador confirmó en las audiencias contra el exdirector del Dapre que habría sido el determinador de hechos de corrupción que hoy tienen a media docena de funcionarios en la cárcel, como a los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
SEMANA detalló recientemente que durante esa sala extraordinaria de la Corte Suprema también se debatió qué iba a ocurrir con los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, pues el magistrado Francisco Farfán, ponente de ese caso, ya cerró la etapa de recolección de pruebas.
