Judicial
Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía perseguir los bienes de exmagistrados y excongresistas que protagonizaron el cartel de la toga
Esto después de dejar en firme las condenas en contra de los dos expresidentes de ese alto tribunal Gustavo Malo y Francisco Javier Ricaurte.
En la trascendental decisión que ratificó las condenas en contra de los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Javier Ricaurte por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga, la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias a la Fiscalía General para que persiga los bienes de todos los implicados en este caso de corrupción que permeó a la Rama Judicial.
En la determinación, se manifiesta la necesidad de adelantar todos los procesos de extinción de dominio “contra los dineros que se traficaron por estos hechos de corrupción” y por los cuales están condenados varios expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y exsenadores.
Igualmente, casi diez años después que estallara el escándalo, la Corte Suprema advirtió que se deben investigar a otras personas que habrían participado en el movimiento de millonarios sobornos para desviar investigaciones y archivar casos contra aforados constitucionales.
“La Sala compulsó copias al ente acusador para que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendían que ver con la misma organización criminal”, reseña la decisión.
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En las decisiones notificadas este jueves, la Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces magistrado Gustavo Malo Fernández y el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte -quien conformó una oficina de abogados en Bogotá- conformaron una empresa criminal dirigida a filtrar y desviar procesos judiciales que se adelantaban en el alto tribunal.
El magistrado Malo -quien tenía en su despacho varios expedientes de senadores y gobernadores- fue hallado responsable por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.
Mientras que el exmagistrado Ricaurte -quien pasó tanto por la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Superior de la Judicatura- fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho para dar u ofrecer; y utilización indebida de información privilegiada.
Ricaurte habría utilizado sus influencias para obtener información privilegiada de diferentes procesos, entre estos, los que se adelantaban contra los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, por parapolítica; y el representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por actos de corrupción.
