Corte Suprema le garantizó imparcialidad al expresidente Uribe sobre la revisión de tutela que lo dejó en libertad

Un nuevo capítulo se abrió en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que la Corte Suprema de Justicia asignara a tres magistrados para analizar la tutela que lo dejó en libertad y que fue apelada por las víctimas dentro de este proceso.

Horas más tarde de que se diera esa decisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, manifestó: “La función de las instituciones judiciales es basada en la imparcialidad, y eso es lo que han hecho Colombia y la Corte Suprema de Justicia durante los últimos 139 años, la Corte cumple este año 139 años de justicia y de imparcialidad”.

Los magistrados Gerson Chaverra, Diego Corredor y Myriam Ávila serán los encargados de estudiar dicho recurso, que fue radicado por las víctimas (el senador Iván Cepeda, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez) en contra del fallo emitido el pasado 19 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la detención domiciliaria que le había impuesto la jueza 44 de conocimiento de Bogotá al exmandatario.

Sobre cómo se dará ahora este proceso, el presidente de la Corte Suprema respondió: “Eso depende de la Sala que tomó el asunto y tiene la competencia para resolverlo. Lo recibió en estos días, habría que contar un máximo de veinte días, eso es lo que ordena la ley, y habrá una decisión".

El Tribunal de Bogotá dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la condeña de 12 años de cárcel que le impuso la jueza Sandra Liliana Heredia por su responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión del Tribunal argumentó que la privación de la libertad del exmandatario es “ininteligible”, cuando la razón principal es que resulta necesaria para la “convivencia pacífica y el orden social”.

Así mismo, el fallo enfatizó: “No existen indicios objetivos de evasión, y en un Estado de derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado, sino en circunstancias imparciales, actuales y verificables que hagan indispensable su imposición para proteger el proceso y/o las víctimas, respecto de las cuales, al motivar la media, no se realizó algún pronunciamiento específico”.