Nación
Corte Suprema de Justicia llama a juicio a exministra del gobierno de Juan Manuel Santos por caso Odebrecht
La exfuncionaria habría permitido modificar un contrato de concesión original de la Ruta del Sol II.
La exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez, será acusada por el caso Odebrecht el próximo 13 de agosto, en medio de una audiencia programada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
En la diligencia, citada para las 8:30 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación acusará a la exfuncionaria por su presunto favorecimiento a la controvertida multinacional brasileña Odebrecht, para la adjudicación de algunos tramos en la megaobra de la Ruta del Sol II.
La acusación radica principalmente en los otrosíes 3 y 6 que firmó la entonces ministra de Transporte al contrato de la Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña-Gamarra al proyecto vial, el cual estaba valorado en 1,2 billones de pesos, sin ninguna oferta pública o regla de contratación.
Según manifestó la Fiscalía en su momento, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte en Colombia, “habría permitido que la Agencia Nacional de Infraestructura modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por licitación pública”.
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En el escrito de acusación por parte de la Fiscalía también se resalta que la exministra habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
En ese sentido, insistió en que la exfuncionaria “no impidió que la ANI realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”.
Por eso, desde la Fiscalía consideran que la exministra del Gobierno Santos sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo que su proceso se adelanta en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
“Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley”, también señaló la Fiscalía en su momento.
Adicionalmente, el ente investigador indicó que “está acreditado que el tramo Ocaña-Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública”.
Según la Fiscalía, “es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja (en ese entonces la ministra Gina Parody)”.
