Corte confirma condena de 35 años contra general Arias Cabrales por Palacio de Justicia

La Corte Suprema de Justicia acaba de proferir una sentencia histórica. El general del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, responsable mayor de los actos de recuperación del Palacio de Justicia acaba de perder su proceso penal: los magistrados confirmaron su responsabilidad directa en la desaparición forzada de cinco personas el 6 de noviembre de 1985, tras la toma a sangre y fuego del grupo guerrillero M19. La corte determinó que Arias es responsable “como coautor y no como autor mediato por omisión en aparatos organizados de poder”. Por tanto, el oficial deberá pagar 35 años de cárcel, tal como lo señaló la sentencia inicial.

Con cinco votos a favor y dos en contra, la corte concluye que más allá de toda duda, Arias Cabrales fue el líder de una operación militar que ordenó el ingreso de vehículos militares al palacio, tal y como él mismo aceptó. Tuvo control total sobre las tropas y fue por tanto el artífice principal de la “solución final” que se dio a los sucesos que consolidaron el "injustificable" operativo.

De esta manera, la sentencia contra el general queda en firme pues ya se le agotaron las instancias judiciales. La corte subraya que un elemento sustancial del delito de desaparición forzada en estos casos es la clara manifestación de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregados al contingente militar, como lo afirmó el general Rafael Samudio Molina. 

"A nadie se le ocurriría pensar, en ese entramado de hechos y pruebas, que el general que dirigió el desproporcionado operativo de retoma del Palacio de Justicia con el fin de enfrentar la criminal toma del mismo (...) se hubiera desentendido de los prisioneros y olvidado de los agresores, pues como lo reafirmó el general Rafael Samudio, el mando conjunto sobre todas las tropas se le entregó al general Arias Cabrales". 

Para los magistrados, Arias Cabrales (identificado como Arcano 6 en las comunicaciones de radio) no solo impartió órdenes sino que participó directamente del operativo, manejó situaciones puntuales con las personas capturadas y dispuso de ellos como consideró que la situación lo ameritaba. “Él, conductor del operativo y denominador de la acción, dispuso y ordenó la retención y custodia de los retenidos, de  aquellos que salieron vivos del Palacio, en medio de una acción que él personalmente dirigió conforme al diseño del ‘Plan Tricolor‘ y al convenio con sus superiores".

En consecuencia, la corte concluye que la desaparición de los "capturados" corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación conforme a las líneas del Plan Tricolor. Dicho operativo, terminó en la captura y clasificación de los sospechosos y con su posterior ocultamiento al poder civil. Además, señala la corte, estas acciones se dieron por fuera del deber ético que imponen los convenios  de Ginebra, es decir, que no se distinguió entre combatientes y no combatientes asumiendo decisiones de facto ante una situación que debió manejarse bajo las reglas del derecho.

La decisión de 235 páginas contiene el análisis de los documentos históricos y los fallos previos sobre el Holocausto. El acervo incluye “28.000 folios distribuidos en 135 cuadernos originales y 120 diacos” que permiten dilucidar “un hilo conductor sobre lo acontecido, fijar hitos de mayor importancia, y la intervención y liderazgo del acusado en todos y cada uno de sus momentos", dice la sentencia.

Por su parte, los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia reaccionaron aplaudiendo el veredicto de los magistrados de la Sala Penal. "Celebramos que la resolución de la casación del general Jesús Armando Arias Cabrales en la Corte Suprema de Justicia haya sido la confirmación de la condena. Los crímenes cometidos contra nuestros familiares en el Palacio de Justicia fueron crímenes estatales de lesa humanidad", dice René Guarín. El hermano de Cristina del Pilar Guarín –una de las desaparecidas–, recalcó que el general Arias "fungió como comandante de la Brigada 13 en el Cantó Norte, a donde por informaciones que recibimos desde esos días, fueron llevados algunos de nuestros familiares para ser torturados y luego asesinados. Por todo ello celebramos esta decisión de la Corte Suprema de Justicia".