Corte Constitucional alertó riesgo inminente en el servicio de salud; siguen las deudas y los problemas de medicamentos

La Corte Constitucional alertó sobre un riesgo inminente en el servicio de salud de todos los colombianos, después de que evidenció que el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ha tenido un cumplimiento “bajo” en las órdenes para agilizar giros directos, pagar deudas pendientes y robustecer el sistema de medicamentos.

En la decisión del magistrado José Fernando Reyes, quien saldrá de su cargo en septiembre, declaró: “Dos niveles de cumplimiento: bajo en los subcomponentes del mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final y en la entrega de informes, ya que no se reportaron resultados”.

El expresidente de la Corte Constitucional también aclaró que el Gobierno Petro tiene un cumplimiento “medio” en el saneamiento de la cartera frente al Acuerdo de Punto Final con las EPS del régimen subsidiado, pues se tomaron medidas que acreditaron ciertos resultados.

Sin embargo, advirtió: “No se ha culminado el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, evidenció que, en el régimen contributivo, la Adres suscribió más de 1.000 contratos de transacción, pero, aun así, no se ejecutaron los ‘$368.000 millones aprobados’ referidos por la cartera de salud en el 2022. Al transcurrir aproximadamente un año y medio, se pagó menos del 50 % del dinero mencionado”.

Esta determinación se dio después de que la Corte evaluó el cumplimiento de lo ordenado al Ministerio de Salud, pero no se evidenció de manera clara cómo las medidas del Gobierno contribuyeron a mejorar el pago directo.

“Al contrario, se comprobó la existencia de múltiples alertas comunicadas por diferentes fuentes del sector, las cuales dan cuenta de una problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema de salud”, informaron desde el alto tribunal.

El magistrado Reyes Cuartas también destacó que, en el régimen subsidiado, el Ministerio de Salud informó sobre el estado de las obligaciones pendientes, reportando pagos que disminuyeron la deuda. Se realizaron pagos en las vigencias de 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, se concluyó que la información presentada era confusa, lo que impidió determinar con precisión el valor real pendiente de pago.

Sobre el sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, la Corte conoció que “continúa en desarrollo y se implementará una herramienta informática que permita sistematizar la recepción de alertas por parte de los actores del sistema, así como diseñar un componente preventivo”.

Por eso se le ordenó al Ministerio de Salud informar todos los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil del giro directo, el pago de deudas pendientes y el funcionamiento del sistema de abastecimiento de medicamentos.