Nación
Corte Constitucional admite demanda de exmilitares contra la JEP: “Se está saltando la norma”
Los exmilitares alegan que la JEP habría creado un mecanismo por fuera de los términos de la ley.
La Corte Constitucional estudiará una demanda que presentó Juan Daniel Mora, abogado de la Corporación Defensoría Militar, en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El argumento de Mora es que, al parecer, el alto tribunal habría puesto en marcha un mecanismo que no fue contemplado por el Congreso a la hora de su estructuración en 2017.
El punto de la discordia es el juicio de prevalencia jurisdiccional, que fija como requisito el anticipo de verdad para todo aquel compareciente que se quiera someter a este sistema.
“Para acceder al tratamiento especial es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, el aporte a la verdad es un criterio para definir el acceso a un tratamiento especial, pero no para aceptar el sometimiento, que es una cosa diferente”, explicó el abogado.
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El alegato de Mora es que la JEP, por medio de su jurisprudencia y sin aparente fundamento constitucional, introdujo esta herramienta “desconociendo la facultad configurativa del Congreso, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa y contradicción”.
Al admitir la acción, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, pidió comunicar este proceso a diferentes instancias para que se pronuncien.
“Comunicar el inicio del proceso al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, al ministro del Interior, al ministro de Justicia y al ministro de Defensa para que, si lo consideran oportuno, presenten por escrito, dentro de los diez días siguientes a la correspondiente comunicación, las razones que justifican la constitucionalidad de la interpretación objeto de la demanda”, se lee en el archivo conocido por SEMANA.
Igualmente, invitó a rendir conceptos técnicos y especializados a la JEP, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Los Andes, Antioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda.
