Judicial
Corrupción en la UNGRD: esta es la nueva fecha para la imputación de cargos contra César Manrique Soacha
El exdirector del Departamento de Función Pública fue pieza clave, según la Fiscalía, en el entramado de corrupción que saqueó a la UNGRD mediante el desvío de contratos.
A última hora, se aplazó la realización de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia judicial se truncó después de que varios de los abogados de los indiciados le solicitaran al Juzgado 66 de control de garantías de Bogotá fijar una nueva fecha.
El expediente deberá pasar nuevamente al centro de servicios judiciales de Paloquemao para que realice un nuevo reparto del caso y, posteriormente, fijar una nueva fecha para la realización de esta audiencia.
Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que la diligencia se realzará el próximo miércoles 4 de junio a partir de las 8 de la mañana.
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Manrique Soacha fue vinculado a un proceso penal en este escándalo por —presuntamente— haber influido considerablemente en el desvío de un convenio que existía entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por un valor cercano a los cien mil millones de pesos.
Todo esto en medio de una reunión que se celebró en la oficina del director de la ANT y que contó con la participación de varios funcionarios y asesores de la UNGRD.
Este contrato, como reveló en su momento SEMANA, fue desviado y utilizado para el pago de sobornos que ya se tenían comprometidos.
Debido a esto, la Fiscalía General anunció que le iba a imputar a Manrique Soacha los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el anuncio de la imputación, el ente investigador calificó este hecho como “uno de los eventos delictivos” en medio de la investigación por el saqueo a la UNGRD.
Por los hechos de corrupción que se presentaron en esa reunión, la Fiscalía General también citó a imputación de cargos al abogado Édgar Riveros Rey, quien actualmente se encuentra privado de su libertad por ofrecer un millonario soborno para desviar la investigación.
El profesional del Derecho deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Así como los asesores de la UNGRD Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, quienes tuvieron participación y conocimiento del desvío de este contrato. Por esto, la Fiscalía General les imputará los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Mientras que Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) —que se vio beneficiada con varios contratos en la UNGRD— fueron vinculados por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, deberán responder por el delito de lavado de activos.
Por la gravedad de los delitos, la Fiscalía General solicitará una medida privativa de la libertad contra los procesados al considerar que representan un peligro para la sociedad y pueden afectar las pruebas recolectadas hasta la fecha.
