Corrupción en la cárcel La Picota: defensa de una de las capturadas advirtió por la “ausencia de pruebas” y la “imputación inflada” de la Fiscalía

Este viernes, por considerar que la Fiscalía General no sustentó de manera adecuada la necesidad de una medida de aseguramiento, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó dejar en libertad a las doce personas capturadas recientemente por los presuntos hechos de corrupción que se presentaron en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Entre las personas que recuperaron su libertad se encuentra Andrea Gutiérrez, a quien la Fiscalía General le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Esto debido a que supuestamente se alió con su pareja sentimental y otros funcionarios del Inpec para recibir comisiones y así permitir el ingreso de elementos restringidos a esta cárcel.

El abogado José Luis Moreno Caballero, defensor de Andrea Gutiérrez, aseveró que durante “las extenuantes audiencias que superaron las 14 horas diarias” se demostró la “indebida formulación de una imputación inflada y carente de respaldo probatorio por parte de la Fiscalía General”.

Así como “la ausencia de pruebas reales y suficientes que sustentan las acusaciones” hechas por la Fiscalía por este supuesto entramado de corrupción al interior de la cárcel La Picota. “El fallo de la jueza no solo devuelve la libertad a Andrea Gutiérrez, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar procesos ajustados al debido proceso y al respeto por los derechos fundamentales”.

SEMANA reveló en su momento detalles de la investigación de la Fiscalía General que vinculó a siete funcionarios del Inpec y sus familiares, presuntamente, recibían comisiones de peligrosos delincuentes privados de su libertad para permitirles el ingreso de licor, drogas, aparatos tecnológicos y otros elementos prohibidos.

Esta organización, según la investigación, recibía ganancias entre los 20 y 30 millones de pesos al mes. Para mover este dinero se realizaban consignaciones utilizando las plataformas de Nequi y DaviPlata, lo que evitaba el rastreo de las autoridades.

La cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, era catalogada como “el expendio”, puesto que desde ese punto se permitía el ingreso de alimentos no autorizados. La mayoría de los funcionarios capturados laboraban en el expendio y proyectos productivos del Inpec.

Después de conocerse estos hechos de corrupción, el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, detalló que en los últimos meses se recibió información sobre varias irregularidades.

“Hay que procurar condiciones más humanas para los detenidos, pero se debe atacar sin tregua la corrupción, sin importar si en estos hechos se ven involucrados hombres de la guardia”, aseguró el coronel Gutiérrez tras ser consultado por la decisión.

Los funcionarios del Inpec y sus familiares seguirán vinculados al proceso. La Fiscalía General presentará recurso de apelación para que se revisen las medidas de aseguramiento en este caso que fue catalogado como ‘Operación Rancho Picota’.