Corredor humanitario, más policías e instalar centro de atención fronterizo: petición de autoridades en Antioquia para enfrentar crisis migratoria en Urabá

El paso de migrantes por el Urabá antioqueño vuelve a convertirse en una pesadilla. La Gobernación de Antioquia hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los países como Panamá para que los apoyen en la atención de los miles de migrantes que se encuentran entre Necoclí y Turbo.

“La dimensión de la crisis migratoria desborda las capacidades de municipios y departamentos”, dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Este año, por ejemplo, han pasado por Urabá más de 350.000 personas.

Actualmente, la situación es compleja porque hay 5.000 migrantes varados en el Urabá antioqueño.

“Gestionamos toda la atención humanitaria ante crisis migratoria, pero las soluciones estructurales están en manos del Gobierno Nacional. Necesario crear un corredor humanitario, fortalecer presencia de Policía y Migración, e instalar centro de atención fronterizo”, agregó el mandatario de los antioqueños.

Panamá anuncia medidas “contundentes” para frenar migración por selva del Darién

Panamá tomará medidas “contundentes” para frenar la ola migratoria que trata de llegar a Estados Unidos por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, anunciaron las autoridades panameñas, que denunciaron una supuesta falta de cooperación internacional.

“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

“Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas” y en los próximos días “estará tomando medidas y acciones contundentes” para frenar la migración, añadió Pino sin dar detalles.

Según datos oficiales, en lo que va de año más de 307.000 personas han cruzado el Darién, una cifra superior a la de todo el año 2022, cuando 248.000 migrantes hicieron esa travesía.

Esta frontera natural, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

Denuncian que migrantes se estarían sometiendo a explotación sexual

Mientras consiguen los recursos para financiar la travesía que inicia en el golfo de Urabá, algunas mujeres se estarían sometiendo a la explotación sexual. Así lo confirmó la agencia del Ministerio Público al reconocer que el escenario está fuera de control.

Personas de diferentes nacionales se asentaron en las playas del municipio de Necoclí, Antioquia, con el fin de encontrar los medios para llegar a Panamá. En el pueblo hay venezolanos, ecuatorianos, africanos y asiáticos.

Las mujeres que arriban a la subregión del Urabá serían las principales víctimas. Si bien no hay una investigación rigurosa que dé cuenta de las personas que estarían siendo instrumentalizadas, los defensores de los derechos humanos sospechan que en la lista hay menores de edad. Este fenómeno también se estaría presentando en Turbo y Acandí.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2022, en ambas poblaciones se reportaron 37 denuncias por delitos sexuales. En su mayoría, las mujeres son las principales víctimas de estas conductas.

En este momento la preocupación está escalando porque la presencia de menores de edad se multiplicó. La Defensoría del Pueblo cree que el 20 por ciento de las personas que buscan un puesto para llegar a Panamá son niños, niñas y adolescentes. Esta población es la que más estaría sufriendo por la rigurosidad de los recorridos en el Darién.

En ese sentido, el Ministerio Público exigió la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que haga presencia activa en el terreno, también en compañía de otras entidades del Estado con miras a verificar el cumplimiento de los derechos humanos y a reducir los riesgos que se encuentren en el camino.