Judicial
Contraloría revela nuevo escándalo: 718 contratos estatales fueron firmados por personas que estaban inhabilitadas
Los convenios, según estableció el ente de control fiscal, tienen un valor cercano a los 20.247 millones de pesos.
La Contraloría General de la República reveló este miércoles, 6 de agosto, una grave anomalía en la contratación estatal: 718 contratos en ejecución fueron firmados por personas naturales y jurídicas que se encuentran inhabilitadas por responsabilidad fiscal.
El hallazgo se dio gracias al cruce de datos entre el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP-plataformas I y II) y el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (SIBOR), desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) del ente de control.
“Detectamos contratación con responsables fiscales inhabilitados, lo que podría constituir una vulneración directa al régimen de inhabilidades”, informó la Contraloría General por medio de un comunicado de prensa.
Los números detrás del escándalo
Según la información oficial, 30 contratos actualmente en ejecución fueron firmados por 24 responsables fiscales, por un valor de 20.247 millones de pesos.
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Pero la cifra más preocupante está en otro bloque: 688 contratos firmados por 287 contratistas, por un total de 737.871 millones de pesos, en los que los firmantes habrían estado inhabilitados al momento de la firma.
En muchos casos, los contratistas “resarcieron su obligación fiscal con posterioridad” o el contrato terminó antes de que fueran eliminados del boletín SIBOR.
La Contraloría General también identificó dos entidades que ya habían sido advertidas en alertas anteriores por sus antecedentes contractuales:
- Caja de Compensación Familiar del Caquetá, que firmó un contrato por $ 159 millones con la Fiscalía Regional Centrosur.
- Comfamiliar Cartagena y Bolívar, que firmó otro por $ 47 millones con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.
Ambas cajas de compensación estaban inhabilitadas al momento de suscribir dichos contratos.
La Contraloría advirtió que “emitirá las alertas correspondientes y pondrá en conocimiento de las entidades competentes los resultados de este seguimiento para las acciones que correspondan”.
También aseguró que continuará con su tarea de control fiscal preventivo: “El objetivo es advertir posibles riesgos en la contratación pública y promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades”.
