Continúan las amenazas contra un líder LGBTI en Bogotá

Leonardo Fabio es un hombre de 41 años que hace 25 años trabaja con juntas de acción comunal por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. El pasado 6 de junio recibió panfletos con firmas de las AUC y de las Águilas Negras.

"Leonardo, usted no quiere entender por las buenas. Lo vamos a desaparecer. Líder marica", decía una de los panfletos que le dejaron por debajo de la puerta de su casa. “Tome señor Leonardo Ordoñez, señor defensor de los maricas y de los derechos humanos”, decía otro de los anónimos. Días más tarde lo abordaron y lo golpearon “por defender a personas que no merecen que los defiendan”.

Después de eso llevó su caso a la Ruta de atención y Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Se trata de un programa de la Alcaldía de Bogotá complementario al del gobierno nacional que permite cuidar a los líderes sociales mientras la Unidad Nacional de Protección les da las medidas de seguridad, un proceso que no debería tomar más de tres meses, pero que en muchos casos supera los 6 meses. 

Una de las medidas que han tomado es que la Policía que queda en su barrio le hace visitas. No obstante, con esto su seguridad ha empeorado. Hace poco le llegó otro panfleto a su casa que decía “No es capaz de cuidarse el culo solo. Para qué busca a la Policía”. Después recibió otro mensaje: “Qué hacía la Policía en su casa, hijueputa”. Y esta semana los mismos hombres que le pegaron la primera vez volvieron a atacarlo. Según contó a SEMANA, lo subieron al carro, le quitaron todo y lo dejaron en tirado en un potrero en Suba. 

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Mientras narra su testimonio a SEMANA este hombre bajito, de piel canela y ojos negros suda y rompe en llanto de vez en cuando. Con su voz rasgada dice “No entiendo cuál es el mal que les he hecho… me han pegado puños, patadas y me he sentido enfermo... Pero de algo estoy seguro, no voy a parar de trabajar por mi comunidad”. 

Lo que hace Leonardo Fabio sobre todo es escuchar a los jóvenes que se sienten rechazados por sus preferencias sexuales. Junto a otro equipo les cuenta cuáles son sus derechos y los dirige a entidades que los puedan ayudar psicológica o jurídicamente. "Muchos solo necesitan que los escuchen, otros no saben qué pueden hacer para evitar que los discriminen. Lo que hacemos es direccionarlos un poco y sobre todo oírlos".

Leonardo Fabio trabaja como vigilante de seguridad y desde pequeño le ha interesado el servicio a las comunidades. “No he tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, pero leo mucho y desde hace 25 años he venido asistiendo y acompañando a las juntas de acción comunal de varias localidades que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI y me he hecho parte de ellos”.  

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Con respecto a su seguridad dice que después de dos meses la medida que ha recibido es que la Policía lo visite y aunque le parece importante considerar que no es la mejor opción pues al parecer las personas que lo persiguen se han dado cuenta y lo están amenazando aún más. “Desde que vivo estas amenazas no duermo bien, tengo pesadillas. Sueño que estoy volando y me caigo. Sueño que me matan”, dijo a SEMANA.

Leonardo también se queja de la falta de tacto que han tenido algunos oficiales de Policía. Asegura que las veces que ha llamado para reportar nuevas amenazas le dicen que tienen que cuidar a todas las personas y no pueden estar 24/7 con él. Aunque él quisiera que le pusieran un guardaespaldas, quienes pueden determinar su nivel de riesgo es la Unidad de Protección Nacional, que todavía está en el plazo de hacerle el estudio de riesgo. 

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Este no es el primer caso de amenazas contra líderes sociales en Bogotá. La capital no solo recibe a buena parte de los que huyen de la violencia, sino que también tiene que combatir las amenazas que reciben los líderes sociales bogotanos dentro de la ciudad. Las causas que defienden son variadas. Van desde la defensa de comunidades afro, el medio ambiente hasta la defensa de desmovilizados de grupos armados. 

Según cifras del Distrito, entre 2016 y 2019 se han atendido a 749 líderes, entre ellos, 202 de Bogotá, 35 de Valle del Cauca; 34 de Nariño; 33 de Tolima; 32 de Chocó; 24 de Antioquia; 20 de Boyacá y 17 de Cauca. Para ello se han invertido 1.263 millones de pesos.

Según las cifras de la ONG Somos defensores, de 2017 a 2018 en número de agresiones a líderes sociales pasó de 63 a 65 y en 2018 dos personas fueron asesinadas en la capital. Sin embargo, la secretaría de Gobierno dice que la causa por la que fueron asesinados no tenía que ver con su ejercicio como defensores de derechos humanos. Agregan que desde que inició el programa ningún líder social ha muerto en la capital y que a todos los que han pedido ayuda se les ha dado.