Continúa la novela por la Ptar Salitre: Contraloría pidió al Consejo de Estado frenar su entrada en operación

Continúa la novela en torno a la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre en Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca insiste en que el proyecto debe entrar en operación pese a las deficiencias en varios de los equipos que se han sido advertidas por la interventoría y que ha llevado a los órganos de control a poner la lupa encima de este proyecto.

La Ptar Salitre tenía que ser entregada en septiembre de 2021, fecha para la cual el Consorcio CEPS quiso entregarle las obras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para que entrara a operarla, pero esta última se negó a hacerlo luego de que la interventoría planteara varios reparos al estado de los equipos y otras condiciones técnicas.

Ante la renuencia del Acueducto de Bogotá, en septiembre de ese año, la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar de urgencia, ordenando al Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) entregar la Ptar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a partir del día 13 de septiembre de 2021, con el fin de que iniciara la operación asistida, otorgándole al CEPS un mes para el cumplimiento de los faltantes.

Aunado a lo anterior, dispuso que el gerente del Consorcio IVK (auditoría) procediera a expedir los certificados de aceptación de terminación de los lotes que conforman el Hito 1, y ordenó que EAAB recibiera la Ptar Salitre para entrar a operarla con la asistencia del Consorcio CEPS.

Ante esta decisión, la Corporación Autónoma de Cundinamarca y la EAAB presentaron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidiendo no reponer y conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

Ante este panorama, la Contraloría General de la República, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, le enviaron una comunicación al magistrado Oswaldo Giraldo López, del Consejo de Estado, pidiéndole que se dé prelación al trámite de la segunda instancia, del recurso de apelación y así poder frenar la entrada en operación de la Ptar con las deficiencias actuales en algunos equipos.

“Con el ánimo de evitar poner en riesgo el cumplimiento del contrato y los recursos públicos que se han invertido en cumplimiento de las órdenes de la sentencia, la Contraloría de Bogotá D. C., la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con todo respeto, solicitamos a su despacho considerar la posibilidad de dar prelación a la resolución de la segunda instancia de los recursos de apelación interpuesto por la CAR y la EAAB”, manifestaron los órganos de control en la misiva.

En reiteradas ocasiones, la posición de la Empresa de Acueducto de Bogotá ha sido clara: “La Planta presenta serias dificultades que afectan o ponen en riesgo su correcta operación”.

La entidad ha manifestado que dentro de los considerados equipos principales y críticos hay varios que presentan daños severos, algunos de ellos nunca han operado desde que comenzó a funcionar la planta y otros presentan fallas recurrentes. Adicionalmente, no es claro si los equipos cuentan o no con garantías.

La EAAB ha indicado además que el sistema de control y operación no está funcionando adecuadamente (equipos que no están conectados o transmiten de manera errónea su estado). Esto implica que la operación es en su mayoría manual, generando riesgos operativos.

Plazo de entrega

Cabe mencionar que el pasado 4 de agosto, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Luis Fernando Sanabria Martínez, confirmó que la entidad llegó a un acuerdo con el consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, para ampliar el plazo de entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) El Salitre.

Serán dos etapas: una inicial durante la que un tercer interviniente, cuya figura jurídica es denominada amigable componedor, elaborará un informe sobre las diferencias de las partes en cuanto a la terminación de las actividades correspondientes al parque metropolitano, los edificios de rehabilitación de la fase antigua y al empalme de la planta antigua con la planta nueva.

Las partes evalúan el tiempo requerido para ello, que podría ser de seis meses. Terminada esta primera fase, y una vez elaborado el informe del amigable componedor, se solicitará una nueva enmienda para ejecutar dichas obras. En todas las ampliaciones de plazo se incluirá el período de corrección por defectos.

“Se trata de un escenario que nos permite ampliar el plazo, tiempo durante el cual un tercer interviniente presentará el informe correspondiente”, dijo el director de la CAR.

El funcionario fue enfático en recalcar que el contrato no tendrá ninguna adición en recursos, ya que se trata de un contrato firmado bajo la modalidad llave en mano en el que el contratante recibe la obra a satisfacción sin que tenga que incurrir en gastos adicionales, pues estos deben ser asumidos por el contratista.

“No habrá una adición en recursos, sino solo en tiempo para garantizar la entrega óptima de la planta”, puntualizó el director de la CAR.