Nación
Congresista Jorge Alberto Cerchiaro será acusado por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado
El caso contra el representante a la Cámara se centra en su administración cuando fue alcalde del municipio de Barrancas, en La Guajira.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al actual representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Desde esa Sala, presidida por el magistrado César Reyes, explicaron: “Practicó pruebas testimoniales y técnicas usando moderna tecnología para evaluar el cumplimiento del contrato firmado para la reforestación de la ribera del río Ranchería, el cual se habría adjudicado irregularmente".
Con la acusación contra Cerchiaro Figueroa, su caso pasará de la Sala de Instrucción a la Sala de Primera Instancia para que continúe el proceso que avanza en su contra, y del cual, en su momento, la Corte Suprema se abstuvo de imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
SEMANA conoció que el caso contra el actual congresista del partido Colombia Reciente arrancó cuando fue alcalde de Barrancas, en la Guajira, en el año 2018, y se relacionan directamente con la tramitación y celebración del contrato de concesión para la prestación del servicio público en el mencionado municipio, así como su correspondiente contrato de interventoría.
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A través de las facultades especiales que el Concejo del municipio le dio al entonces al alcalde, José Alberto Cerchiaro, logró celebrar esos contratos entre el municipio y las sociedades de Alumbrado Público de Barrancas S.A.S. y la Interventoría Alumbrado Público de Barrancas.
La Corte Suprema determinó en su momento que el entonces alcalde presuntamente tramitó este contrato sin satisfacer los requisitos legales esenciales. Esto debido a que al asumir la administración municipal, el exalcalde sabía que los recursos que se habían recaudado por concepto de impuestos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público, así como la provisión de energía eléctrica.
Sala de Instrucción explicó en su momento que en este caso se habría presentado ausencia de estudios efectivos sobre cómo se iba a financiar el alumbrado público, lo cual generó que este negocio estatal fuera inviable y se hiciera imposible cubrir sus costos operativos y los de provisión de energía eléctrica.
El congresista ya fue citado a indagación para que responda por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el pago y liquidación de un contrato, el 23 de agosto del 2016, cuando fungió como alcalde de Barrancas. Este contrato, celebrado por su antecesor, tenía como objetivo la reforestación del río Ranchería.
