Condenan a la fiscal que, supuestamente, benefició a los secuestradores del político ecuatoriano Fernando Balda

El 13 de agosto de 2002, en el norte de Bogotá, hombres armados secuestraron a Fernando Balda, el líder político y opositor del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Minutos después cayeron en un puesto de control de la Policía y fueron capturados. La fiscal encargada de llevarlos a la cárcel, según el Tribunal de Bogotá, terminó favoreciéndolos.

Se trata de la fiscal Consuelo Montañez, que de acuerdo con los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, no cumplió con su función en el proceso que se adelantaba contra los hombres capturados por el secuestro del líder político ecuatoriano. Al contrario, acordó con los detenidos y su defensa, la mejor forma de terminar el proceso, rebajando sustancialmente la condena.

Fue así como después de la judicialización de estos hombres, la Fiscalía y la defensa de los acusados, llegaron a un preacuerdo en el que aceptaban cargos y asumieron una pena de seis años de cárcel, sin embargo, mientras intentaban legalizar ese acuerdo, los mismos procesados se opusieron advirtiendo que era mucho tiempo.

Meses después la misma fiscal, de acuerdo con la investigación, propuso un nuevo acuerdo en este caso. La pena sería de apenas 48 meses de cárcel por el secuestro del líder político, una pena que ni siquiera se acerca a lo normado por la ley y principalmente en hechos delictivos como secuestro, que en Colombia son considerados de extrema gravedad.

El acuerdo generó muchas dudas en la misma Fiscalía, por lo que se ordenó una investigación, que casi un lustro después, deja como presunta responsable a la fiscal Montañez, tras advertir que las decisiones en el curso del proceso no fueron acordes a lo que ordena la ley en este tipo de casos.

La fiscal fue condenada a 8 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y prevaricato, básicamente por tomar determinaciones que no corresponden a derecho y en el uso de sus funciones como delegada del ente acusador, se equivocó en la implementación de la norma, aparentemente para beneficiar a los implicados.

Para los magistrados que tomaron la decisión de condenar a la fiscal, existen todos los elementos de prueba recaudados por la misma Fiscalía y donde se advierten las presuntas irregularidades en que incurrió la funcionaria para beneficiar a los procesados por el secuestro del líder político y opositor ecuatoriano.

Advierten que incluso a una de las víctimas, que se opuso en primer momento al acuerdo entre la Fiscalía y los secuestradores, se le asignó un abogado que haría parte del mismo grupo de defensa de los capturados, una incompatibilidad que claramente generó un problema jurídico en el proceso.

La defensa de la fiscal apeló la decisión del Tribunal a la espera de que la Corte Suprema de Justicia, revoque la decisión que la dejó como condenada por favorecer a los secuestradores de una figura representativa para la política ecuatoriana, en hechos ocurridos en Colombia.