Condenan a capitán y a patrullero de la Policía por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Condenatorio. Este fue el sentido del fallo que emitió este lunes, 20 de octubre, la jueza 53 de conocimiento de Bogotá en contra del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas por su participación en el entramado que llevó a las interceptaciones ilegales de los abonados celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes, para enero de 2023, laboraban en la residencia de la entonces jefa del Gabinete presidencial, Laura Sarabia Torres.

En la lectura del sentido del fallo, la jueza advirtió que, durante la etapa procesal, la Fiscalía General presentó varias pruebas documentales, testimoniales y técnicas que permitieron concluir que tanto el capitán Correa como el patrullero Morales tuvieron una activa participación en la manipulación de un informe de inteligencia que llevó a un fiscal de la unidad contra las bandas criminales en el departamento del Chocó a ordenar la interceptación de dos abonados telefónicos.

El fiscal, teniendo en cuenta dicho informe policial, creía que los dos abonados telefónicos correspondían a personas cercanas de alias Siopas, uno de los comandantes de la banda criminal del Clan del Golfo, que delinquía en el sur de Colombia y que era investigado por casos de narcotráfico, extorsión y secuestro.

En el informe, se vinculaba a las dos mujeres de tener información sobre las actividades de Siopas, pues gozaban de su máxima confianza, situación por la cual se hacía necesario registrar sus comunicaciones y así fortalecer la investigación en contra del peligroso criminal.

Una prueba documental señaló que el falaz documento fue redactado por el patrullero y presentado por el capitán. En el trámite se sustentó que una “fuente humana” de la Policía había entregado información para inferir la vinculación de los abonados con el jefe del Clan del Golfo.

Para esto, incluso, se le dieron alias a las dos mujeres: la Madrina y la Cocinera, señalando que siempre estaban en el círculo cercano de alias Siopas, preparándole sus alimentos y realizando labores de cuidado en los lugares en los que se encontraba el jefe del Bloque Jairo Jesús Durango Restrepo.

“Obran elementos de conocimiento suficientes en punto a que estas tres piezas que contenías información espuria (...) fueron por ellos usadas al ser entregadas a la Fiscalía 191 de Quibdó para que hicieran parte del suso dicho radicado 201900034, ingresándolos de esta manera al tráfico jurídico para servir de sustento y se ordenara la interceptación de las líneas telefónicas (...) Circunstancias que conducen a predicar estructurada la conducta de falsedad ideológica en documento público”, enfatizó la jueza.

Lo dicho en esos documentos firmados por los policías, aseveró la funcionaria judicial, eran contrario a la “realidad objetiva” puesto que está más que comprobado que para ese momento tanto Marelbys Meza como Fabiola Perea “eran empleadas domésticas en la residencia de la entonces jefa del gabinete presidencial. Desempeñándose la primera como niñera y la segunda en labores de cocina”.

Igualmente, quedó plenamente certificado que el 27 de enero de 2023 se denunció un robo en la residencia de Laura Sarabia, “situación que generó el señalamiento inmediato de Marelbys Meza como presunta responsable”, indicó.

Esto llevó a que, como lo reveló en exclusiva SEMANA, Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo por parte de agentes de la Policía en la Casa Galán, ubicada en inmediaciones del Palacio de Nariño en el centro de Bogotá.

“Se acreditó que, a partir de este acontecimiento se desplegaran distintas diligencias de investigación, entre ellas, la recepción de denuncias, entrevistas e interrogatorios. La recolección de material videográfico y el sometimiento de la trabajadora a una prueba de polígrafo, todas ellas actuaciones que se enmarcaron en el trámite adelantado tras la denuncia que constituye el mencionado contexto dentro del cual se insertaron los documentos falsos elaborados por los acusados”, precisó la jueza de conocimiento.

Es decir, el tema del robo en la residencia de Laura Sarabia desencadenó la realización de estas interceptaciones ilegales que tenían como finalidad recolectar información sobre el paradero de la maleta que contenía dinero en efectivo y documentos de seguridad nacional.

Por estos hechos los dos policías fueron condenados en primera instancia por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.