¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

Para este viernes, a las 8 de la mañana, está programada la audiencia en la que se conocerá el sentido del fallo contra los abogados Diego Cadena Ramírez y Juan José Salazar.

El juez tercero de conocimiento de Bogotá concluirá si los juristas son culpables o inocentes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En este caso, la Fiscalía General pidió un fallo condenatorio contra Diego Cadena, quien fue representante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y Juan José Salazar, quien laboraba en la oficina con sede en la ciudad de Cali.

Para el ente investigador, Cadena hizo varias visitas a centros carcelarios, entre ellos La Picota y Cómbita, con el objetivo de convencer a un grupo de exparamilitares para que firmaran unos documentos en los que se retractaban de los señalamientos hechos contra el expresidente Uribe.

Estos hechos se habrían presentado en el mes de febrero de 2018, cuando Cadena buscó a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor.

En los encuentros, les informó de la necesidad de firmar esos documentos de retractación, pues debía presentarlos con urgencia ante la Corte Suprema, que días antes había compulsado copias para que se investigara al expresidente Uribe por manipulación de testigos.

En el caso de Monsalve, según indicó el fiscal en sus alegatos de conclusión, se le ofreció una asesoría jurídica para que su condena de 40 años de prisión se revisara o su expediente pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Todo esto con el fin de que estampara su firma en un documento previamente redactado por Diego Cadena en el que se retractaba de todas las declaraciones que había hecho en contra del expresidente Uribe; al mismo tiempo que acusaba al senador Iván Cepeda de estar detrás de este complot.

Cadena, igualmente, se contactó con Deyanira Gómez en un reconocido establecimiento comercial ubicado en pleno centro de Bogotá, a pocas cuadras del Palacio de Justicia, con el fin de convencerla para que presionara a su pareja sentimental de firmar dicha retractación.

Igualmente, la Fiscalía General señaló que Diego Cadena le ofreció beneficios económicos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para que se retractara y acusara al senador Iván Cepeda de estar detrás de todo.

Para el fiscal del caso, diferentes trabajadores de la oficina de Diego Cadena, entre ellos el abogado Juan José Salazar, le entregaron dinero en efectivo a familiares del exparamilitar.

En este caso, el jurista reconoció que sí entregó este dinero, pero que se trataba de una “ayuda humanitaria”, debido a que alias Víctor los contactó para ponerles de presente que tenía un hijo muy enfermo en un hospital y no contaba con los recursos económicos.

Sin embargo, para el ente investigador, esta “ayuda humanitaria” no cuenta con ningún soporte jurídico y la entrega de dinero se trató de una forma de comprar la retractación del exparamilitar.

En otro de los acápites de la acusación, se pone de presente el dinero que habría recibido la exjefa política del Bloque Pipintá de las AUC, Eurídice Cortés, conocida con el alias de Diana.

En el año 2018, Diana le envió un video a la Corte Suprema de Justicia, en el que manifestó que Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, había mentido en las declaraciones que dio contra el expresidente Uribe, y en las cuales lo vinculó con grupos paramilitares.

Para la Fiscalía, existen pruebas de que Diego Cadena le entregó una suma de dinero a alias Diana para que diera esta declaración. En su testimonio, la exparamilitar aseguró que el abogado únicamente la ayudó con los pasajes de bus, puesto que la Corte la había citado y no contaba con recursos para trasladarse de Manizales a Bogotá.

En la solicitud de condena, la Fiscalía General aseveró las presiones que habría realizado Diego Cadena para que los exparamiltiares Fauner José Barahona alias Racumín; John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, Darley Guzmán, conocido como Jopra, hicieran parte de un entramado de “falsos testigos”.

En sus alegatos de conclusión, el abogado Iván Cancino reiteró que las interceptaciones telefónicas en las que se registraron las conversaciones del abogado Diego Cadena con el expresidente Álvaro Uribe Vélez deben ser declaradas ilegales, pues vulnera el principio del secreto profesional que tiene cada abogado con su cliente.