Concejal denuncia presuntas irregularidades en cifras de explotación sexual que presenta el Idipron

El concejal Marco Acosta, del partido Colombia Justa Libres, denunció presuntas irregularidades en las cifras de explotación sexual que maneja el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

Según lo revelado por el cabildante, en la entidad se atendieron 27 niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de las cuales cuatro (3 hombres y una mujer) pertenecen a la infancia, y 23 adolescentes (19 mujeres y 4 hombres), para un total de 27 casos en Bogotá, víctimas de este flagelo.

Sin embargo, la Fundación Internacional Te Protejo, dedicada a la protección de la niñez, reporta que en Colombia se presentaron 20.927 casos de páginas web con orden de bloqueo por contener imágenes de explotación sexual infantil, 86.661 casos de imágenes de explotación sexual infantil y 44.741 URL bloqueadas por malos usos de la red con fines de explotación sexual.

Acosta señala que en el año anterior la entidad solo realizó 20 sesiones en vivo desde Facebook Live de cara a la explotación sexual y comercial en la ciudad; el cabildante denuncia que el agravante radica en los cuestionamientos realizados que reflejan el deficiente trabajo de la entidad.

“¿Cómo es posible que una entidad internacional tenga mayor insumo informativo que una entidad del Distrito en materia de cuidado a la niñez, en lo que respecta al abuso sexual de menores? La explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en línea y el aumento de desaparición de adolescentes en el último año genera una preocupación que al parecer el Idipron desconoce”, señala el concejal.

Según Marco Acosta, Bogotá debe tener más de 27 casos al año. Destaca que el Distrito debe aumentar el esfuerzo en apoyar la investigación policial, por medio del centro cibernético de la institución y que la ciudad debe ser pionera en la defensa de los derechos de la niñez y, por lo tanto, evidenciar los datos que revelen el trabajo que se hace en la materia.

El concejal también hace un llamado a los padres de familia, ya que las redes de pedófilos y las organizaciones dedicadas a la pornografía infantil han aprovechado este tiempo de pandemia para acercarse a los menores. “Lo hacen a través de engaños y estrategias criminales que llevan a los niños y adolescentes a un embudo de intimidación constante, en donde el menor queda a merced de estas redes internacionales”.

Por su parte, el Idipron asegura que el ente rector que denuncia el concejal Acosta en este caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La entidad señala que tienes dos funciones: una es a nivel de prevención, donde se trabaja con 140 a 160 niños, niñas y adolescentes que son encontrados en los territorios o en las localidades, y a través de talleres sobre sexualidad se les orienta sobre cómo llamar a una línea cuando se sienten amenazados, entre otros.

Por otra parte, la entidad desarrolla un programa de atención integral, donde la mayoría de los niños llegan por remisión del ICBF y entran en un estado de protección en el que se da una garantía de seis derechos: educación, emprendimiento, espiritualidad, acompañamiento socio-legal, acompañamiento psicosocial y también derecho a la salud.

“Con el liderazgo del ICBF y de la Policía de Infancia y Adolescencia y las administraciones municipales llegan remitidos de esta institución para ser atendidos por nosotros con presupuesto de la ciudad de Bogotá. Esa cifra de 20.000 es una cifra a nivel nacional. Creería uno que en muchas ciudades y departamentos tienen igual atención a estas poblaciones, pero el Idipron es solo un elemento de una cantidad de instituciones, de organismos de control, de varias ONG que trabajan con estas poblaciones que prestan este tipo de servicios a nivel de protección que es institucional y a través de prevención que es todo el proceso educativo”, indicó Carlos Marín, director general del Idipron.

El director de la entidad señala que esta denuncia hace un llamado no solo a Bogotá, sino al país, para que se defiendan los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a estas redes criminales que engañan y abusan de ellos en edades muy tempranas.