Nación
Con una fachada “artesanal” varias cooperativas se prestaron para lavar más de 12.000 millones de pesos de la minería ilegal
La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio los bienes que sumó la organización criminal.
Unas cooperativas que apenas reportaban algunos ingresos por la extracción de oro, bajo la fachada de una actividad ancestral, terminaron, en par de meses, con transacciones que superaban los 5.000 millones de pesos. Nadie pudo explicar cómo pasaron de contar monedas a comprar propiedades que estaban avaluadas en más de 12.000 millones de pesos.
La Fiscalía investigó y logró identificar que una organización criminal convirtió las cooperativas, con la razón social de una comunidad dedicada a la extracción artesanal de oro, en multinacionales que exportaban el metal a precios no fijados. Era en verdad una operación de lavado de activos.
“Nombres y registros de mineros artesanales eran utilizados fraudulentamente para soportar y hacer pasar como legal el oro extraído ilícitamente, y así poderlo comercializar en diferentes establecimientos ubicados en municipios de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar”, explicó la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, las maniobras para mantener oculto el origen del metal fueron realizadas a través de dos cooperativas, las cuales se constituyeron con un patrimonio base de apenas 17 y 100 millones de pesos. Los análisis financieros indican que alcanzaron a reportar ingresos superiores a 5.834 millones y 3.274 millones, respectivamente.
“Sin una justificación contable que respaldara dicho incremento. Además, compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que confirmó que conformaban un entramado delictivo para blanquear activos”, aseguró José Iván Caro, Director de Extinción del Derecho de Dominio.
A través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía logró establecer de qué forma las propiedades habrían sido adquiridas para dinamizar la actividad ilegal del grupo que convirtió las cooperativas en multinacionales. En ese sentido, las afectó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
“Se trata de 35 bienes, entre establecimientos de comercio, vehículos y el material aurífero incautado, que superan en valor los 12.000 millones de pesos. Las diligencias se realizaron con apoyo de la Policía Nacional sobre bienes ubicados en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe de Antioquia (Antioquia), Marmato (Caldas), Tadó (Chocó) y Barranco de Loba (Bolívar)”, dijo el funcionario.
La Fiscalía advirtió que tiene todos los elementos de prueba para demostrar la responsabilidad de los representantes legales en las maniobras fraudulentas para darle apariencia de legalidad a esos bienes y las actividades que desarrollaban en las cooperativas con la fachada de un proceso ancestral.
