Con abogado de Petro, la “toma” de la Corte Constitucional se consolida. Esto es lo que está en juego

En la elección que se realiza este 20 de mayo, a las 3 p. m., el gobierno podría consolidar sus mayorías en la Corte Constitucional. Se trata de un pulso definitivo en un organismo que ha representado desde su creación, en 1991, un contrapoder al Ejecutivo. Este martes se define el magistrado que llegará a ocupar el puesto que dejó Cristina Pardo Schlesinger, un cupo que le corresponde a la Casa de Nariño y que hace ocho años fue ternado por Juan Manuel Santos. El gobierno apostó por una terna polémica conformada por el abogado del primer mandatario Héctor Carvajal, Karena Caselles y Dídima Rico.

Desde la postulación, es claro que Carvajal es el favorito. Y su nombre causa controversia, pues podría poner en riesgo la independencia de la Corte. Cuando fue creada, la Constitución Política de 1991 definió un sistema que permitía un equilibrio en ese organismo. Tres magistrados son ternados por el Consejo de Estado, tres por la Corte Suprema de Justicia y tres por el presidente de la República.

Sin embargo, no todos los presidentes postulan juristas que han tenido una cercanía tan clara y que han defendido de frente sus intereses. En el caso de Petro, la llegada de Carvajal a esa corporación se sumaría a la de Vladimir Fernández, que había sido su secretario jurídico en Palacio.

Justo por este momento, la misma elección de Fernández es objeto de polémica. SEMANA reveló el testimonio de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien aseguró a la Fiscalía que los sobornos con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenían dos objetivos. Por un lado, aceitar las reformas del Gobierno Petro en el Congreso y, por otro, empujar la elección del alto funcionario petrista en la Corte Constitucional.

Además, esta revista reveló los chats que dan cuenta de que durante la elección hubo una comunicación constante entre Fernández y Ortiz. “Gracias, mi reina”, le escribió él, en medio de esa jornada electoral en el Senado.

El hecho de que un gobierno tenga mayorías en la Corte Constitucional es problemático y riesgoso, pues es en ese organismo en el que se deben analizar, sin intereses, los grandes temas del Estado. En el caso del Gobierno Petro, esas mayorías podrían ocasionar efectos de cara a las discusiones que se vienen sobre dos temas claves y fundamentales para el gobierno del presidente Petro. El jueves 22 de mayo, justo dos días después de la elección de nuevo magistrado por parte del Senado, la Corte Constitucional empezará a debatir sobre la reforma pensional y la investigación a la campaña Petro Presidente en el CNE.

En el orden del día de la Sala Plena para este jueves, aparece la tutela instaurada por el presidente Petro contra la Sala de Consulta del Consejo de Estado, por la competencia que le dio al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar las irregularidades en la financiación de la campaña que dejó a Gustavo Petro como presidente. Vladimir Fernández es el ponente de ese caso.

En el punto 10 de esa programación también aparece la demanda que interpuso la senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, contra toda la reforma pensional por los presuntos vicios de trámite que se dieron durante su discusión y aprobación en la Cámara de Representantes. Así empezará la discusión sobre dos temas trascendentales del gobierno.

SEMANA conoció que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar radicó el pasado 15 de mayo la ponencia de fallo sobre ese proceso, pidiendo que se tumbe toda la ley por vicios de trámite, pero además, dentro de ese proceso, se tuvieron en cuenta todas las pruebas que tiene la Corte Suprema en los procesos contra Andrés Calle e Iván Name.

Las cuentas que han hecho quienes son expertos en cómo funciona la Corte harían pensar que Petro ya tendría consolidadas las mayorías. Al voto de Fernández y Carvajal (si es elegido en el Senado) se sumaría el de Miguel Polo Rosero, quien ganó la partida en el Senado gracias al empujón que el gobierno le dio en el Congreso.

Fuentes al interior de la Corte Constitucional también calculan que a ese bloque se sumaría el magistrado Juan Carlos Cortés, de línea liberal y cercano al exprocurador Fernando Carrillo. Fue su viceprocurador entre 2016 y 2020. Cortés se opuso a que la Corte Constitucional tumbara la prohibición de deducción de regalías del impuesto sobre la renta en el sector petrolero, una posición a favor del gobierno.

Así mismo, estaría la magistrada Natalia Ángel Cabo, de quien en la Corte se señala que, por “autopreservación”, podría terminar salvando las iniciativas del Ejecutivo. De hecho, fue la encargada de presentar la ponencia que pedía avalar el decreto de la emergencia económica en La Guajira, pero fue derrotada.

Con esas cuentas, el presidente Petro tendría cinco de los cuatro votos de la Sala Plena de la Corte Constitucional, lo que se convertiría en un espaldarazo instantáneo para todos los proyectos de su gobierno que lleguen a control de constitucionalidad. El Senado no solo se juega la elección de un magistrado, sino el funcionamiento del alto tribunal.

“Lo he advertido: este puede ser el año en que Petro se tome la Corte Constitucional. Ojalá la Corte Suprema no se equivoque al conformar las ternas para reemplazar a los magistrados Reyes y Fajardo, ni el Senado al elegir. Están en riesgo las elecciones y el futuro de Colombia”, escribió el exvicepresidente Germán Vargas sobre esta elección.

El movimiento llamado de Cara al Futuro envió al Congreso una carta para advertir, según ellos, que si Carvajal sale elegido, se podría presentar una “grave afectación a la independencia de la Corte Constitucional”.

Las candidatas a la Corte Constitucional

Carvajal comparte la terna con dos experimentadas juristas. La primera es Dídima Rico, quien es magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Rico es doctora en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en derecho penal de la Universidad Nacional de Colombia.

Además, es profesora de Filosofía de las ciencias penales y forenses, de Derecho penal general y derechos humanos. Es directora de la maestría en Ciencias Penales y Forenses de la Universidad Autónoma de Colombia. Es editora de la revista Criterio jurídico garantista y autora de artículos en revistas indexadas, según la biografía que guarda el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul).

La segunda es Karena Elisama Caselles, abogada de la Universidad Santo Tomás, especializada en derecho constitucional y en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Cuenta con un magíster en Derecho con énfasis en derecho del trabajo de la Universidad Externado y es especializada en derecho constitucional iberoamericano del Instituto de Altos Estudios Judiciales. Es doctoranda en derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es magistrada auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según datos también del Cesjul.

Aunque las dos también son ternadas por el gobierno, no se sabe de ninguna cercanía personal con el primer mandatario.