Comisión de la Verdad reconoció violencias reproductivas y recomendó no asperjar glifosato

El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, en su capítulo de Mujeres y LGBTI, da cuenta de que, en el marco del conflicto, hubo prácticas de violencia reproductiva, y que eso afectó de manera desproporcionada a niñas y mujeres en zonas rurales.

De hecho, el Centro de Derechos Reproductivos aportó dos informes a la Comisión de la Verdad para entender cómo la guerra afectó de manera diferenciada a las mujeres y niñas.

El primero, titulado ‘Una radiografía sobre la violencia reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano’, concluyó que todos los actores armados ilegales, así como algunos miembros de la Fuerza Pública, ejercieron violencias reproductivas sobre niñas, jóvenes y mujeres.

Este comportamiento violento incluyó prácticas como anticoncepciones forzadas, esterilizaciones forzadas, embarazos por violación, maternidades forzadas, abortos forzados y otras violencias que, de forma directa o indirecta, afectaron la autonomía reproductiva.

“La maternidad será deseada o no será. Así que si una mujer ha escogido tener hijos como parte de su proyecto de vida, las acciones de ningún actor del conflicto, incluido el Estado, debieron someterla a ninguna acción forzada sobre su cuerpo”, explicó Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.

“En algunos casos también se configuró violencia institucional por la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del conflicto armado, principalmente aplicada por personas a cargo de la provisión de servicios de salud”, agregó.

El segundo informe, llamado ‘Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado’, da cuenta de los impactos negativos que las aspersiones con glifosato tuvieron en la salud reproductiva de las mujeres que residían en las zonas rurales, a partir de evidencia científica.

Entre los principales hallazgos están las afectaciones en la fertilidad, abortos involuntarios, efectos perinatales y efectos transgeneracionales (es decir, efectos nocivos del glifosato en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo).

“Este informe recomienda que, a futuro, como una de las más importantes medidas de no repetición, el Gobierno nacional debería aplicar el principio de precaución y en consecuencia nunca retomar las aspersiones con glifosato. Los derechos reproductivos son derechos humanos y solo se cumplirán si se respeta la autonomía de todas”, señaló Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Los derechos reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos, estos paulatinamente han ampliado su esfera de protección en el derecho internacional de los DD. HH. y en ordenamientos jurídicos nacionales.

En ese sentido, los derechos reproductivos deben ser garantizados por los Estados, incluso en situaciones de conflicto, lo cual incluye el acceso efectivo a la información y servicios de salud sexual y reproductiva durante su ocurrencia.

De la misma forma, estos reconocimientos obligan a los Estados a prevenir, investigar, castigar y reparar de forma integral formas de violencia basada en el género que afecte la autonomía reproductiva durante los conflictos armados, incluyendo reparaciones transformadoras que contribuyan a superar la situación de discriminación histórica que afecta a niñas, jóvenes, mujeres y sujetos feminizados.

A través de un comunicado, el Centro de Derechos Reproductivos reconoció que el trabajo de la Comisión es “un esfuerzo sin precedentes por parte del Estado colombiano, que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno para satisfacer los derechos de las víctimas, promover el reconocimiento de lo que sucedió y sentar bases para la reconciliación y la no repetición”.