Colegio Colombiano de Juristas expresa preocupación por sentencia contra Álvaro Uribe: “Un retroceso en la protección de los derechos”

El Colegio Colombiano de Juristas (CCJ) manifestó su inquietud frente a la reciente sentencia de primera instancia proferida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, advirtiendo que el fallo plantea interrogantes constitucionales sobre el respeto a garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho.

A través de un comunicado, la entidad señaló que, si bien respeta la independencia judicial como pilar de la democracia y reconoce el deber ciudadano de acatar las decisiones de los jueces, considera necesario examinar técnicamente providencias de gran trascendencia que pueden tener impacto directo sobre los derechos ciudadanos.

Entre los aspectos que generan especial preocupación, el CCJ mencionó la posible afectación de derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, la valoración de pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad de las penas impuestas.

“El secreto profesional que ampara la relación abogado-cliente no es un privilegio, sino una garantía de toda persona a una defensa libre, eficaz e independiente. En el marco de este proceso, la Procuraduría General de la Nación advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica. Su desconocimiento constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales y atenta contra la esencia misma de la profesión. Invitamos a todas las personas que han requerido el consejo de un abogado, así como a quienes ejercen la abogacía en defensa de un cliente, a reflexionar sobre la magnitud de lo que implica permitir que la inmunidad de esas comunicaciones pueda ser desconocida", se lee en el comunicado.

El comunicado también cuestionó el uso de interceptaciones de comunicaciones amparadas por el secreto profesional, señalando que ello representa un retroceso en la protección de derechos fundamentales y en el acceso a una defensa libre y efectiva.

Además, el CCJ criticó la extensión y estructura del fallo, que supera el millar de páginas, argumentando que una motivación excesivamente prolija puede desdibujar el debate central y proyectar una imagen desbalanceada de los hechos.

Finalmente, el gremio de juristas hizo un llamado a que las instancias superiores revisen las pruebas y actuaciones del proceso para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, la coherencia de la decisión judicial y el restablecimiento de la integridad del debate jurídico.