Nación
Ciudadanos denuncian abusos de parqueaderos en procesos de embargo: piden intervención de la Judicatura
Facturas hasta de ocho millones de pesos por dos meses de parqueadero deben pagar las víctimas.
Los ciudadanos están a merced de tarifas abusivas en los parqueaderos que mantienen inmovilizados los vehículos por embargos y la justicia no responde. Un verdadero suplicio viven las personas que terminan enredadas en procesos ejecutivos, por deudas y que tienen como prenda sus vehículos.
La inmovilización de carros por embargos se convirtió en un negocio millonario que nadie regula, que nadie vigila y que deja a las víctimas sin la posibilidad de defenderse. Es la historia de cientos de personas que, por distintas razones, se cuelgan en los pagos de sus créditos y, a pesar de ponerse al día, les inmovilizan sus vehículos.
La captura de esos carros es un cheque en blanco para los parqueaderos designados por la Judicatura, como el lugar donde son retenidos mientras los deudores se ponen al día en sus obligaciones. Sin embargo, se trata de una maraña de trámites y cobros excesivos que tiene a los ciudadanos sin otra posibilidad que pagar, lo que ellos decidan, o perder sus vehículos.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño, advirtió que son decenas de denuncias que llegan con esta situación y lo peor es que no hay entidad o autoridad que regule esas tarifas de parqueaderos, menos quien ejerza el control o vigilancia para adecuarlos a lo ordenado en la ley, porque no hay ley que regule esta actividad.
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“Aquí estamos ante una tragedia y es una doble tragedia, porque en Colombia usted se atrasa en el pago de algunas de sus obligaciones y entonces un juzgado procede a declarar el embargo y el secuestro de este vehículo, y estos tienen que ir dirigidos a unos parqueaderos que están reconocidos y avalados por la rama Judicial. Allá va a permanecer mientras usted se pone al día”, explicó el concejal en entrevista con SEMANA.
La factura para los ciudadanos que terminan con sus vehículos inmovilizados se convierte, dice el concejal, en un taxímetro que corre todos los días por valores que superan los 100 mil pesos y cuentas de cobro que alcanzan a llegar a los 8 millones de pesos, por apenas dos meses de parqueadero. Todo porque estos espacios no tienen regulación.
“El problema de todo esto comienza cuando usted se pone al día con su obligación y entonces comienza otro martirio. En la primera fase, el juzgado se demora en dar los oficios para sacar el carro. Ahí está el primer momento donde la persona comienza a padecer, porque esto es un taxímetro que va corriendo y todos los días va cobrando plata. La segunda fase comienza cuando a usted, además de toda esta demora por los juzgados, le llega la cuenta de los parqueaderos”, dijo el concejal.
Al revisar los casos y las denuncias que llegaron al Concejo de Bogotá, se percataron de una situación bastante particular y que es competencia del Consejo Superior de la Judicatura: los parqueaderos no tienen regulada la tabla de tarifas y, por tanto, los cobros están a su disposición, una chequera en blanco están diciendo las víctimas.
Ese es justamente el llamado que hace el concejal Daniel Briceño para que la Judicatura le preste atención a los ciudadanos que están siendo víctimas de abusos excesivos en los cobros de estos parqueaderos. También hace un llamado a las autoridades distritales, como las alcaldías locales, para que adelanten jornadas de vigilancia y control en estos espacios que ahora se convirtieron en el escenario de un millonario descalabro a los ciudadanos.
