Chuzadas a Marelbys Meza: Tribunal ratifica condena de diez años de prisión a dos expolicías

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra el exintendente de la Policía Alfonso Quinchanegua y la expatrullera Dana Canizales por su participación en las chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes laboraban para enero de 2023 en la vivienda de la entonces jefa del Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

Tras resolver los recursos de apelación, la Sala Penal aseveró que las penas fijadas en el fallo de primera instancia, tras avalar los preacuerdos, se ajustan a la ley.

En el caso de la expatrullera Dana Canizales, se fijó una sentencia de 112.2 meses de prisión (es decir, nueve años y tres meses), una multa de 354.15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 77.3 meses.

Mientras que el exintendente Alfonso Quinchanegua fue sentenciado a 120.74 meses de prisión (diez años), así como una multa de 354.15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 72.18 meses.

En la decisión emitida este jueves, 17 de julio, se tuvo en cuenta el compromiso de colaboración con las autoridades judiciales en medio de la investigación que se adelanta por las interceptaciones telefónicas a los abogados de Meza y Perea para obtener información sobre el paradero de la maleta que se perdió en el apartamento de Laura Sarabia.

Los dos exintegrantes de la Policía reconocieron mediante un preacuerdo su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

Para la Fiscalía General, estos agentes planearon y pusieron en marcha un plan para falsificar informes de inteligencia y así lograr que los abonados telefónicos de Meza y Perea, así como de personas cercanas, fueran anexados a una investigación que se adelantaba contra alias Siopas, uno de los comandantes del Clan del Golfo que delinque en el sur del país.

Las evidencias dan cuenta de que, para el momento de los hechos, el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla —al parecer— con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta. Todo esto como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres.

En la acusación se señala que los agentes adscritos a la Sijín habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes, y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.